La Ley para el Cobro de Deudas Tributarias que busca aprobar el Ministerio de Hacienda estaría pasando sobre la autoridad de la Fiscalía General de la República, y deja en desventaja a los ciudadanos que quieran defenderse durante el proceso.
Así lo señalaron ayer representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en un foro organizado por Hacienda para discutir ese proyecto de ley.
El economista de Funde, Carlos Pérez Trejo, consideró lógico que el Gobierno quiera hacer más eficiente el proceso de cobros “pero no debe ir más allá de lo que la legislación le permite”.
Precisó que aunque muchos países cuentan con el llamado “cobro administrativo”, no es el caso de El Salvador ya que muchas leyes otorgan este papel a varias entidades, incluida la Fiscalía, y no a Hacienda.
Por su parte, el director del departamento de estudios legales de Fusades, Javier Castro, dijo que la propuesta deja en desventaja a un ciudadano que quiera defenderse.
Además, el anteproyecto vulnera la seguridad jurídica pues Hacienda puede iniciar el cobro antes de que la deuda sea validada por un juez u otra autoridad. Criticó también que las medidas de precaución que establece el proyecto son en realidad amenazas, pues las cuentas de ahorro y posesiones pueden embargarse antes que la deuda sea reconocida.
El jefe de la unidad de dictamen fiscal, José Molina, defendió que el proceso actual es lento y costoso; por tantas unidades que intervienen, una deuda puede pasar hasta 8 años en apelaciones y aún si se autoriza el cobro ya no se puede hacer porque la empresa ya no existe.
Castro señaló que el proyecto de Hacienda no combate esta ineficiencia. En todo caso, el proceso de puede hacer más ágil si se trabaja en crear una ley de procesos administrativos que se amplíe.
El representante de Fusades añadió que es necesario revisar y modernizar el mecanismo para cobrar deudas, pero siempre respetando los derechos de los salvadoreños.
Según Hacienda, hay hasta $478 millones en deudas pendientes por cobrar. Con este anteproyecto esperan recuperar $300 millones.