“Nací en un hogar de valores donde lo más importante era el honor y donde el dinero no era lo primordial”, con esa frase, Ana Vilma Albanez de Escobar inició el derecho a las últimas palabras que la Ley le da a la denunciante al finalizar un juicio.
Agregó que la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad, la honestidad fueron algunos de los valores que cimentaron su hogar y rigen su vida en todos sus aspectos.
En el comienzo del segundo día de la audiencia en el Tribunal Primero de Sentencia contra el secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, se vieron tres vídeos en los que el imputado expresó señalamientos -que según la diputada Albanez de Escobar-, dañó su integridad, honor y credibilidad.
Para el abogado, Lizandro Quintanilla, Rodríguez se refirió a la diputada como la exvicepresidenta del gobierno de Elías Antonio Saca y como la señora Ana Vilma, vinculada al mal manejo e incapacidad en la administración de 38.5 millones de dólares del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en sectores Productivos Estratégicos (FECEPE).
Quintanilla afirmó que el Secretario de Transparencia fue sutil, no acusó directamente de las supuestas irregularidades a la exvicepresidenta, sino que hizo alusiones como que estaba vinculada al supuesto caso de corrupción y que debía ser investigado penalmente.
“Por eso sus calumnias, señor Rodríguez, hacen un daño profundo a mi trayectoria familiar, a la reputación de mi familia, a esa familia que con mucho esfuerzo y honor logramos levantar. Aceptar sus calumnias sería traicionar quien soy”, subrayó.
La diputada De Escobar manifestó que en su paso por el Gobierno fue sometida a ocho auditorías: cuatro de estados financieros y cuatro de cumplimiento de cláusula de convenio.
Además que tiene certificación extendida por la Fiscalía General de la República en la que se establecía que no había iniciado ninguna investigación penal en su contra, pese a un aviso que el ministro de Economía presentó en el Ministerio Público, pero que por pruebas no prosperó.
Sin embargo, el Secretario de Transparencia afirmó que tiene certificación del exfiscal general, Luis Martínez, que el caso FECEPE está en proceso de investigación.
“Yo solo puedo concluir que el señor Rodríguez es parte de un plan sistemático de intereses oscuros para destruir mi carrera política. Usted vino a mi país a combatir por sus ideales, déjeme a mi luchar por los míos sin sus calumnias porque dañan mi decencia, dañan mi honor y dañan la buena opinión que tienen de mi”, concluyó la diputada.
Entre tanto, Roberto Claros, uno de los abogados del Secretario de Transparencia afirmó que los hechos que la diputada Albanez de Escobar había denunciado no reunían todos los requisitos para establecer los delitos de calumnia y difamación.
Por su parte Bertha De León afirmó que la diputada era funcionaria pública y como tal estaba expuesta al escrutinio o el cuestionamiento del pueblo, más si su función era administrar fondos públicos.
Además defendió el derecho que Marco Rodríguez tiene como funcionario de ejercer su función de denunciar e informar de irregularidades dentro del Gobierno.
“Le digo señor Juez que si usted me halla culpable sería un decisión que afectaría los beneficios que estamos gozando”, fueron las últimas palabras de Rodríguez.