Entre las reacciones por la sentencia de la Sala de lo Constitucional contra la amnistía de 1993 rescato por sabias y sensatas las palabras del licenciado Salvador Samayoa: a pesar de que el fallo le parece equivocado, considera que hay que ver el asunto sin dramatismos y recordar que El Salvador pasó la página de la guerra hace mucho.
Por mi parte, yo interpreto que más bien la Sala le puso candado tanto al tema de la amnistía como otros dos asuntos cruciales en la vida del país: el de los $900 millones en bonos y el cobro del cargo adicional del 13% a la factura de energía.
En el caso de la amnistía, la lección que saco es: ambos bandos cometieron atrocidades y no pueden estar asumiendo poses de pureza para acusar al otro y viceversa, así que lo mejor es dejar atrás la guerra.
Ya el magistrado Belarmino Jaime, en su voto disidente de la sentencia, advierte que si se inicia una cadena de acusaciones y contraacusaciones, no se salvarían de verse en el banquillo personas que desempeñaron o desempeñan altos cargos, como el mismo Presidente de la República o diputados a la Asamblea Legislativa.
Pero más allá de eso es importante que el país descanse ya de esos resentimientos y rencores del pasado, pues pecados hay en ambas partes. Y lo digo yo como periodista y testigo que fui de esa maldita guerra que dejó más de 70 mil muertos y de varios acontecimientos que la marcaron.
El que esto escribe fue testigo de cómo quedaron de tiroteados los cadáveres de seis inermes sacerdotes y sus dos colaboradoras en su casa vecina a la UCA temprano de la mañana de ese 16 de noviembre de 1989. Tanto a ellos como a la señora y su hija les destrozaron sus cabezas a balazos los oficiales y soldados que irrumpieron en la casa.
Fue tan atrocidad ese crimen como que la guerrilla le volara con una bomba la cabeza al Fiscal General, Roberto García Alvarado, días después de que ordenara la detención de la comandancia general del FMLN en abril de 1989. La esposa del Fiscal murió de la pena al año siguiente, convirtiéndose en otra víctima del atentado.
Fue tan repudiable que un mayor del Ejército reuniera a un grupo de campesinos en un aula de una escuela en San Sebastián, San Vicente, y luego les tiraran granadas, como que un comando guerrillero llegara a la casa de un alcalde y lo asesinara a tiros frente a su hija que estaba amamantando a su bebé. La infante estuvo a punto de morir por un mal gastrointestinal debido a la impresión que sufrió la madre cuando estaba amamantándola.
Y así sucesivamente podemos ir citando caso por caso de ambos bandos y no terminaríamos nunca.
Estamos de acuerdo en que las víctimas o sus familias tienen derecho a ser reivindicadas, pero no se vale que abogados o grupos que dicen velar por los derechos humanos, pero que tienen agendas particulares, salgan a hacer reclamaciones solo para beneficiarse.
Además, no hay capacidad para investigar hechos ocurridos hace más de 30 años.
En el tema de los $900 millones, veo un mensaje crucial: los diputados titulares ya no podrán cubrirse con los suplentes a la hora de votar decretos importantes, para evitar enfrentar el costo político y eventualmente hasta a la justicia. En la mente de los salvadoreños está fresca la escena de la diputada Sandra Salgado viéndose obligada a retirarse para darle su lugar a un suplente y facilitar la votación por los $900 millones en bonos en un procedimiento muy cuestionado por la población.
Ahora, cuando voten en favor de leyes o decretos impopulares, como el proyecto de las pensiones, los diputados titulares identificados plenamente tendrán que responder ante la población.
En el caso del cobro adicional del 13 % en la factura de energía, aunque la Sala no se ha pronunciado sobre el fondo ni en definitiva, pero me parece que el mensaje que deja es que quienes estén en el poder, independientemente del partido que sean, no pueden sentirse tan libres e impunes de aprobar impuestos disfrazados sin pasar por un debate en la Asamblea Legislativa como manda la Constitución.
Creo que, más allá del impacto que hayan tenido los tres fallos, nos marcan un antes y un después en el desarrollo de la política y la democracia para que los salvadoreños, sobre todo los políticos, respetemos la Constitución y las leyes y no busquemos caminos cortos o fáciles o sucios ni intentar burlar a la población para favorecer intereses particulares.
*Editor subjefe de El Diario de Hoy.