El ambiente está enrarecido en el país; pareciera que se hace difícil la respiración y no solo porque la violencia sigue haciendo de las suyas, ahora con la denuncia de asesinatos de exterminio, sino porque la situación política requiere ser abordada con pinzas dado que se han tocado fibras sensibles tras la derogación de la ley de amnistía aprobada hace un cuarto de siglo en el contexto de la guerra que padeció el país.
A esto se suma que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio un zarpazo al gobierno imposibilitándolo que pueda hacer uso de 900 millones de dólares, aprobados irregularmente por la anterior Asamblea Legislativa; además, por si fuera poco, los magistrados de la Corte aceptaron una demanda que frena el incremento del 13 por ciento a la energía. Estos hechos, que son de cumplimiento obligatorio, han sido de gran impacto nacional, sobre todo en la clase política, contribuyendo así a la rarificación del ambiente.
No es mi intención analizar las medidas y su impacto político, mucho menos hacer un análisis sesudo de corte jurídico o plantear hacia dónde se dirige el país; mi intención es más simple, expresar mi opinión sobre la decisión de la Sala de invalidar o quitarle fuerza legal a los diputados suplentes.
En su resolución se deja claro que solamente los diputados propietarios podrán integrarse y funcionar como legisladores; “los diputados suplentes no podrán suplir a un diputado propietario por carecer de legitimación, es decir, por no haber recibido el voto director del electorado”, dice un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
Además, la anterior legislatura para aprobar los bonos por 900 millones de dólares, se manipuló el quórum, ya que dicho Órgano de Estado utilizó la figura del diputado suplente para alcanzar indebidamente la mayoría necesaria para decidir. Textualmente dice la Corte “una diputada propietaria fue sustituida por un diputado suplente sin que se hubiere justificado ni documentado los motivos de la sustitución ni la imposibilidad de la diputada propietaria de continuar en la sesión. Y la omisión de expresar el motivo y justificarlo permite inferir que el motivo del cambio fue simplemente el de remover el obstáculo que impedía al pleno aprobar el decreto referido. En ese sentido, el uso de la figura del diputado suplente en la aprobación del decreto impugnado se hizo de forma fraudulenta”.
En resumidas cuentas, y dicho con el lenguaje del ajedrez, jaque mate para los diputados suplentes, por ahora quedan fuera de la jugada legislativa; y esto es positivo, muy positivo. También es provechoso, y esto es un jaque aunque no mate, para los diputados titulares que ahora tendrán que devengar, tendrán que asistir a las sesiones, de lo contrario quedará vacía la curul y sobre todo, el subterfugio del “suplente” ya no podrá utilizarse en ningún momento.
Tal como lo consignan los reglamentos de los congresos de Chile o Argentina, por citar un par de ejemplos, los diputados cuando tengan que faltar a su labor deben de informarlo y justificarlo; se regula descuentos monetarios de su salario cuando falten al trabajo sin justificación valedera… como sucede en cualquier empresa o institución.
Tal como ocurren en parlamentos y congresos de la mayoría de países del mundo, no existe la figura del legislador suplente; los electores votan por un rostro que tiene atrás un partido, a una circunscripción o en todo caso por una persona que lo represente en el Órgano legislativo o parlamentario.
Además, y esto es sumamente importante, se terminará aquello que las comisiones legislativas estarán integradas por “suplentes” y poseen “igual voz y voto” como los titulares; el presupuesto de la Asamblea también disminuirá porque las dietas, el uso de oficinas, comunicación y hasta comida será presupuestada para 84 diputados y no para 168 personas. También se pondrá fin a la práctica nefasta de que los suplentes son contratados como asesores o técnicos de la Asamblea, y cuando son llamados al plenario, “piden permiso a sus jefes” para ausentarse de su labor de asesor o técnico.
Otra de las prácticas que finalizará, por el momento y si los diputados no logran legislar para que los electores puedan elegir a diputados suplentes en la próxima elección, es el llamado clientelismo político que permite a los partidos, por un lado, llevar a sus allegados con fines económicos, y por otro, a los candidatos convertirse al menos en diputados suplentes, con casi las mismas prerrogativas de los titulares.
No me cabe la menor duda que esta decisión, que debe cumplirse obligatoriamente y sin posibilidad de alguna apelación, va a generar problemas e inconvenientes a la actual legislatura. Abruptamente tendrán que “despedirse” a los suplentes, deberán devolver los teléfonos y abandonar sus oficinas en la Asamblea Legislativa… más allá de este ahorro, se transparente la labor de los diputados titulares, esto es un avance, un avance muy importante que debemos aplaudir.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
ricardo.chacon@eldiariodehoy.com