Diez investigadores más, entre auditores y abogados, de preferencia exfiscales, llegarán a reforzar la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sus pesquisas contra la corrupción en el aparato estatal.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, informó que el presidente de la CSJ, Armando Pineda Navas, anunció el viernes pasado en el pleno de la Corte que ya se aprobó la contratación del nuevo personal.
“Se necesitan auditores especializados en revisar la documentación, estados financieros, la contabilidad, los informes que envían los bancos y de abogados especialistas en la investigación de temas financieros, porque ya se definieron los criterios de Corte Plena para la solución de los casos y hay varios casos pendientes que van a consumir lo que falta de este año para resolverlos”, explicó González.
En total, la Sección de Probidad tiene 43 casos en proceso de investigación. Algunos de ellos ya pasaron a juicio por presunto enriquecimiento ilícito, como los de los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, así como el del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y del diputado Reynaldo Cardoza.
En el proceso de Flores, el fin de semana pasado la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro rechazó el finiquito que la Corte de Cuentas de la República le había entregado. El exfuncionario pretendía presentar ese documento como prueba de descargo.
A Flores se le investiga por supuesto enriquecimiento ilícito por $608,000 cuando era director del ISSS, entre 2009 y 2014. Su juicio de sentencia ha sido programado para el 19 de septiembre del presente año.
En el caso del diputado Cardoza, aún se está en la etapa de aportación de pruebas.
El fin de semana pasado, esa misma Cámara de lo Civil informó que la audiencia inicial preparatoria de pruebas contra el expresidente Funes, su hijo Diego Roberto Funes y su exesposa Vanda Pignato por presunto enriquecimiento ilícito se llevará a cabo el 12 de septiembre.
Más casos a la lista
González agregó que el trabajo de la Sección de Probidad ha aumentado debido a la apertura de nuevos expedientes, entre los que están alcaldes que terminaron su gestión municipal en 2006.
“Se amplió con unos funcionarios municipales que concluyeron su periodo en 2006. Tomando en cuenta el periodo de diez años que dice la Constitución en que prescribe la acción para el juicio de enriquecimiento ilícito se ha ampliado (la cantidad de casos) y eso justificaría la idea de que se refuerce el personal”, argumentó González.
Además de estos alcaldes, hay otros diez casos en los que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ha pedido a Probidad que realice, a solicitud de ciudadanos, auditorías al patrimonio de funcionarios que esta sección aún no había hecho.
En junio pasado, González informó a El Diario de Hoy que el IAIP les solicitó auditar a “dos exvicepresidentes, dos expresidentes de la Corte, tres exdirectores del INDES, un exsecretario de asuntos jurídicos, el alcalde de San Salvador cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Esos son los casos últimos que se agregaron a la lista de Probidad”.
Añadió que estos casos aún están en manos de la sección y falta que el pleno de la Corte (los 15 magistrados) decidan si ameritan que pasen a la etapa de juicio.
González también explicó que Probidad hizo una pausa en las investigaciones mientras se definían criterios para auditar a los funcionarios.
“Hubo una pausa para cumplir con la petición de algunos colegas de Corte Plena de que definiéramos los criterios para dar seguridad jurídica, pero Probidad goza con la confianza de la Corte y de la Comisión de Ética y Probidad”, afirmó.
Según González, la credibilidad de Probidad se ha ganado el apoyo de la cooperación internacional, que ha ofrecido dotarla con equipo y capacitaciones.