La Sala de lo Constitucional resolvió el pasado 13 de julio que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser protegidos por la Ley de Amnistía de 1993, porque esto viola la Constitución de El Salvador. ¿Qué entiendo, como ciudadana, por esta sentencia de inconstitucionalidad? Creo que es un hecho histórico que contribuirá a sentar las bases de una verdadera reconciliación y un paso firme al camino de la consolidación de una democracia plena en El Salvador.
Hemos vivido hasta ahora en un espejismo creado por dos grupos interesados en salvaguardar sus intereses políticos y, ahora, poderes económicos. La impunidad es un agravio y un freno claro del avance de la democracia plena al que, como país, aspiramos. Soy una ciudadana que vivió y sufrió la guerra, esa guerra peleada entre nosotros los salvadoreños. Fui, como otros, una joven estudiante indignada por la injusticia social imperante entonces. Aun así, y ya desde entonces siempre he creído que el mejor camino es el democrático, basado en la participación ciudadana y no en empuñar las armas: más Gandhi que Che Guevara.
Celebro la valiente e independiente sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque es un paso hacia la restauración de la legalidad y el rescate del sentido auténtico de los Acuerdos de Paz, justo en la antesala del XXV Aniversario de su firma. Lo principal es que nuestro país apuesta por el respeto de los Derechos Humanos y por la reparación de las víctimas durante la guerra civil. Esta apuesta por el derecho a la vida es un ejemplo para seguir en la actualidad, cuando vivimos un nivel tal de inseguridad y violencia, que nos hemos olvidado de las víctimas que a diario deja de saldo esta insensatez e irrespeto a la vida humana.
El estamento militar tiene muy clara su función de acuerdo a la Constitución y es una de las instituciones que han sido fortalecidas después de los Acuerdos de Paz. Esta sentencia no debe significar ningún peligro para esta Institución, ya que las Fuerzas Militares de ahora han recorrido al igual que el resto de la sociedad el camino de la democracia. Tampoco debería preocupar a la democracia parlamentaria. Los diputados deben ser hombres y mujeres probos y honestos, y sin duda los hay en El Salvador. Las instituciones del Estado responsables de cumplir la sentencia de la Sala, desde la Judicatura a la Fiscalía, pasando por la Policía Nacional Civil, deben estar a la altura de lo que los ciudadanos esperamos de ellas. No pueden fallarnos.
Una de las consecuencias de esta resolución debería ser la regeneración de los cuadros políticos de los partidos políticos actuales (y nuevos partidos), así como el fortalecimiento de la institucionalidad. Esta es otra oportunidad, y una oferta a la juventud salvadoreña, para participar en una política renovada, más fresca y transparente.
Es cierto que la sentencia sobre la Ley de Amnistía de la Sala ha abierto una crisis en la triste política diaria y partidista salvadoreña. Pero las crisis también traen oportunidades. Este es el momento de que los auténticos estadistas, si los hay, aprovechen este desafío para anteponer los intereses y valores de un país y una sociedad que quiere ser más justa y democrática, a los intereses personales y de partido. Hay que anteponer la serenidad, la razón, la institucionalidad y los valores realmente democráticos en esta hora crítica, en las que nos jugamos un mejor y más solidario El Salvador, donde los ciudadanos retomemos el mando de nuestras vidas y donde, por fin, el pasado deje de condicionar nuestro futuro.
Estamos ante una bifurcación de nuestra historia. Del camino que tomemos dependerá al puerto al que llegaremos: o una democracia madura, solidaria y más justa; o un sistema político incapaz de resolver los problemas que como sociedad nos aquejan desde hace un siglo.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@cavalosb