Las cuentas por pagar y la falta de dinero inmediato están ahogando al Gobierno, que no solo no ha recaudado suficiente dinero para financiar su presupuesto anual en los últimos meses, sino que además, tiene su deuda de corto plazo “al tope”, los préstamos y los nuevos impuestos que le aprueban se le van como agua entre las manos y ya está enfrentando atrasos de pago con los proveedores y a exportadores a los que tiene que regresarles el IVA.
Además, sus únicas alternativas de financiamiento externo son cada vez más caras y ya no es tan fácil que los inversionistas compren su deuda.
Las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de como se aprobaron los $900 millones en bonos, y un difícil camino para conseguir $1,200 millones más o, incluso, los ansiados fondos de pensiones, lo están dejando sin dinero.
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Algunos economistas ya hablan de un posible “impago”, mientras que otros han comenzado a urgir un pacto fiscal, y hasta un nuevo acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional con tal de resolver el problema lo antes posible. “El Gobierno tiene una dificultad bastante grande para hacer frente a todos sus compromisos y esto los lleva a buscar un acuerdo político para los $1,200 millones”, afirmó Membreño.
“Se está pasando del amarillo al rojo”, dijo por su parte José Andrés Olivares, investigador del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
De acuerdo con datos oficiales, al Ministerio de Hacienda le faltó recaudar $94.6 millones del total de ingresos que esperaba obtener al 30 de junio, según lo que proyectó recibir en el plan de presupuesto de este año.
Aunque en apariencia sus ingresos fueron mayores a los del año pasado, su meta respecto a lo que proyecto gastar no se consiguió. Además, su “tarjeta de crédito”, o las Letras del Tesoro con las que obtiene dinero rápido y sin pasar por la Asamblea Legislativa “está topada”: Al 30 de junio de este año ya superaba los $834.5 millones y en lo que va de julio ya hicieron dos colocaciones de $61.7 millones y $56.8 millones; sin contar con la más reciente colocación de $100 millones en bonos de un total de $152 millones que, en principio servirá para pagar planes de seguridad.
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Según el investigador Oliva, el Gobierno está pagando gastos que son recurrentes con Letes, un financimiento que solo debe utilizarse para emergencias.
Oliva lo compara con un ciudadano que hace sus compras de supermercado con la tarjeta de crédito.
Además, como ya ha colocado Letes en meses anteriores y éstos vencen en plazos de un año, el Gobierno tiene encima vencimientos de $534 millones de aquí a lo que resta del año.
Atraso con exportadores
Aunado a eso también están los retrasos de pago de IVA a los exportadores. Los números indican que en mayo pasado Hacienda ya había devuelto $74.7 millones a los exportadores, pero a mayo de este año esa devolución solo refleja $18.91 millones, lo que significa un déficit de $55.7 millones en devoluciones.
Pablo Durán, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) explicó que este retraso tiene una combinación de la falta de liquidez del Gobierno con un mal procedimiento originado con una reforma de ley aprobada el año pasado, con la cual las empresas podían acreditar la deuda como pago de impuestos o solicitar un reintegro del dinero descontado.
Hasta la fecha todos los pagos de los exportadores se están acreditando, lo que significa que el Gobierno ya no recibirá ese ingreso como impuestos del IVA pues ya lo descontó de antemano.
Durán explicó ayer que se reunieron con el Ministro de Hacienda para explicarle lo sucedido y que se puedan hacer las modificaciones necesarias para tener el dinero lo antes posible. Algunas empresas sí pueden acreditar su pago como impuestos sin ningún problema, pero Durán asegura que la afectación es más para las pequeñas empresas y aquellas que compran toda su materia prima aquí mismo.
A caerle a las pensiones
El Gobierno también ha querido echar mano de más de $4,500 millones de los fondos de pensiones a través de una reforma al sistema previsional.
Aunque el Ejecutivo niega que el dinero se vaya a usar para gasto corriente, los economistas coinciden en que su urgencia porque la ley se apruebe cuanto antes, y que el proyecto esté liderado por Hacienda, solo significa que el Gobierno busca más dinero para sus gastos; así lograría más de $4,000 millones ahora y promete un dudoso pago en el futuro cuando los cotizantes se jubilen.