GUATEMALA. Autoridades fiscales de Guatemala intervinieron hoy la empresa Agropecuaria Bellamar Tiquisate S.A., que se dedica a la exportación de banano, informó el diario Prensa Libre, del vecino país.
La compañía hizo transferencias bancarias y simuló devoluciones para defraudar al fisco, de acuerdo con investigaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la Fiscalía guatemalteca.
El equipo que tomó posesión de la empresa incluye a un interventor, cuatro auditores y dos abogados.
El intendente Jurídico de la SAT, Adrián Zapata, dijo que el operativo se extendería a oficinas de Bellamar ubicadas en la zona 9 de la capital guatemalteca.
“La SAT también embargó 108 vehículos y además fue arraigado el representante legal, Manuel de Jesús Elias”, añadió la publicación.
La agropecuaria Bellamar exportaba banano hacia las Bahamas y la orden de intervenirla fue girada por el Juzgado 3o. de instancia Penal.
Multas por más de $100 millones
De mayo a la fecha, las autoridades guatemaltecas han acelerado la recuperación de dinero de empresas que evadían impuestos. El monto más grande es el de la empresa Aceros de Guatemala, que pagó 98.5 millones de dólares al fisco.
De esa cantidad, unos 33.4 millones de dólares correspondían a evasión de impuestos por simulación en la compra de chatarra a proveedores inexistentes. El dinero restante fue por multa e intereses.
Además, la fabricante de bebidas Aje Maya canceló 3.6 millones de dólares en un caso similar.
Por su parte, la cadena de farmacias Galeno pagó 4.5 millones de dólares. La SAT también intervino la cadena de Farmacias de la Comunidad, que todavía adeuda 3.7 millones de dólares.
El caso más reciente antes de la Agropecuaria Bellamar fue la intervención, el pasado 11 de julio, del lujoso hotel Camino Real, luego de que las autoridades detuvieran a su propietario, Carlos Enrique Monteros, acusado de “defraudación aduanera y caso especial de defraudación”.
La administración del hotel habría simulado el uso de facturas en la adquisición de productos con el fin de evadir impuestos.
“Simulaban servicios inexistentes o utilizaban empresas que no tenían infraestructura para operar”, explicó el intendente Juan Solórzano, en esa ocasión.