Instituciones miembros de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) indicaron que se encuentran elaborando un anteproyecto de ley para una verdadera reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.
El ICP está conformado por el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Dichas organizaciones han mostrado con anterioridad su preocupación ante el proyecto de reforma de pensiones que el Gobierno ha querido impulsar, en donde se estaría aplicando un sistema mixto; es decir, que se mantendría el sistema actual y se combinaría con el sistema antiguo (INPEP e ISSS).
Ante esto cada institución, por su cuenta, ha dado a conocer propuestas de lo que debería incluir una reforma de pensiones, descartando la posibilidad de un sistema mixto. Es debido a esto que se ha conformado el ICP, para la creación de un proyecto integral que recoja las propuestas de cada institución y se genere una sola visión de la reforma.
Los miembros expresaron que el proyecto de reforma del Ministerio de Hacienda está diseñada con el objetivo de solventar un problema fiscal del país, pero no mejora aquellas áreas en donde el actual sistema tiene debilidades como incrementar la cobertura o mejorar la rentabilidad.
Ricardo Soriano, presidente de Comtradefop, indicó que se debe trabajar en fortalecer el actual sistema de ahorro para pensiones, asegurando que este ha “demostrado ser sostenible”.
Por otra parte, agregó que se deben buscar las reformas que permitan incluir a quienes no ahorran y aprovechar los ahorros para financiar proyectos estratégicos y obras de desarrollo.
Los puntos en donde enfoca su labor el ICP son análisis, consulta, estudios cuantitativas y estudios cualitativos para la formación del documento, explicó René Novellino, presidente de Asafondos.
Novellino agregó que el primer paso es entregar un diagnóstico consolidado donde se “señalen los puntos de coincidencia sobre la problemática, que permita arrancar la discusión desde los consensos”.
Además recalcó que entre las diferentes propuestas que anteriormente han presentado las instituciones miembros del ICP “hay más puntos de coincidencia que de divergencia”.
No obstante, el ICP no pretende trabajar por su propia cuenta para la generación de este proyecto de ley. Parte de su objetivo es poder realizar la propuesta en conjunto con la participación ciudadana, así como también de entidades académicas. Asimismo, se está buscando recibir ayuda técnica por parte de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM); y otros expertos en el tema pensional, tanto nacionales como internacionales.
Esta iniciativa es similar a lo propuesto por Comtradefop en desarrollar una mesa técnica para la formación de un proyecto de este calibre.
Sobre este punto, Miguel Ángel Simán, presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), reiteró que la metodología participativa que tendrá el ICP será a través de círculos de consulta ciudadana y talleres. Esto ayudará a que puedan escuchar e incorporar diferentes aportes desde la sociedad civil.
Soriano sostiene que el producto final del ICP será “el proyecto propio de los trabajadores”.
Por otra parte, Luis Cardenal, presidente de Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que la reforma impulsada por el Gobierno es “incompleta, insostenible e inconstitucional”, motivo por el cual solicita “que se retire ese documento de la discusión en la Asamblea Legislativa y no emitirse reforma alguna hasta tener un análisis más profundo y técnico como que el que lleva a cabo la ICP”.
Según ellos, la reforma de pensiones del Ministerio de Hacienda “atenta contra la seguridad social y la protección previsional del trabajador”.
Las instituciones pertenecientes a la Iniciativa Ciudadana aseguraron que el proyecto elaborado debe ofrecer protección de los derechos de los trabajadores, esta tiene como finalidad ser una propuesta técnica que garantice mayor beneficio a los trabajadores, viabilidad constitucional, sostenibilidad financiera, y transparencia, concluyeron.