El sector construcción tenía las proyecciones de ejecutar en 2016, entre $500 y $750 millones en obra privada, mientras que en obra pública unos $650 millones.
Pero, en el primer semestre del año no se ha logrado la ejecución de la inversión a la velocidad esperada mencionó Ángel Díaz, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), aunque espera que en lo que resta del año los números les favorezcan.
“Estamos viendo que en el segundo semestre se va a desarrollar un poco más, porque vemos proyectos que ya vienen en camino, y también se logró desactivar trabas que habían con factibilidad de agua potable, que va a hacer que el asunto camine en el resto del año”, aclaró Díaz.
Manifestó que han tenido trabas con los tramites de factibilidad de agua potable, pero ya se logró liberar unos 14 proyectos, de los cuales la mayoría están en el área metropolitana de San Salvador.
Básicamente son edificios de oficina, de comercio y de apartamentos, y la ejecución de los proyectos depende de la agilización de los trámites y permisos. “Realmente si hay oportunidad y respuesta de los inversionistas privados de querer invertir en el país, el obstáculo que seguimos teniendo es el tema de permisos y trámites, que hace que se vuelva más lento”, apuntó.
El dirigente de Casalco destacó que las instituciones con las que más problemas han tenido es con ANDA y el Ministerio de Medio Ambiente, aunque destacó que ya se estén “desentrampado proyectos”.
Asimismo, señaló que la Ley de Agilización de Trámites no es funcional, porque no se le han dado suficientes herramientas para su utilidad, y ve deficiente que no haya un “silencio administrativo positivo”, mencionó el profesional.
“Esto quiere decir que si usted somete un permiso a una entidad y no le responden en un determinado plazo, uno entiende que ya fue logrado positivamente y eso no se ha logrado en la práctica”, dijo.
Agregó que el sector está promoviendo modificaciones a la ley, ya que en este momento el sometimiento a la normativa es voluntario, y eso limita la efectividad de la misma, apuntó.
Comentó que para septiembre próximo esperan tener certeza de la normativa, pero esta comenzaría ser efectivo hasta en 2017.
En cuanto a la ejecución de la inversión pública dijo que ya avanzó 60%, mientras que en la inversión privada los 14 proyectos, a los que ya se les brindó el permiso de factibilidad de agua potables, podrían significar $300 millones en inversiones.
El rubro tenía proyecciones de crecimiento de 5% al cierre de este año, dichas estimaciones se mantienen.
En 2014 el comportamiento del sector descendió hasta menos del 10.1% y, en 2015, logró el 1% de crecimiento, según el Banco Central de Reserva.“Esperamos que este año haya un nuevo avance de 5%, con las proyecciones de inversión que se contemplaron a inicios de año”, dijo.
Además sostuvo que la agilización de trámites que se ha dado últimamente, por parte de las instituciones gubernamentales, les permite ser optimistas con las señales de crecimiento en inversión privada. En lo público dependerán de las licitaciones.