Con mucho acierto, el FMI pide al Gobierno salvadoreño reducir sus gastos cortando burocracia, una empleomanía que Funes incrementó de un día a otro en más de cuarenta mil plazas, según se dice, como pago a los efemelenistas por llevarlo al poder.
Esa enorme masa de desocupados, pues no se ubicaron en oficinas ni dependencias (no había ni siquiera dónde sentarlos), es parte de la causa del resquebrajamiento fiscal del país.
El aparato estatal a duras penas está funcionando, las deudas y el pago de intereses le agobian y afronta el riesgo de que comiencen por todas las calles de la ciudad a aparecer cárcavas y a contaminarse el agua que bebemos.
En las declaraciones dadas a raíz de la visita de la misión del FMI, voceros estatales hablan de los “programas sociales” como la promesa que se cumple y que no puede hacerse de lado.
Pero los “programas sociales” son predominantemente gestos publicitarios sin mayor contenido, como el reparto de zapatitos sin pagar a los zapateros, bolsas de semilla que los campesinos luego venden o unos cientos de computadoras a escuelas sin internet.
Lo que es “social” son hospitales que funcionan y puertos operando, no abandonados.
Incrementar el ingreso de un gobierno al borde del resquebrajamiento económico, con un incremento al pago del IVA o más impuestos a los productores (impuesto predial y mayores tasas impositivas a las ganancias), sólo posterga la verdadera corrección del problema, que es el endeudamiento desbocado del grupo en el poder y su negativa a reducir gastos.
Hay que apresar ladrones,
no defenderlos
Las recomendaciones son muy claras y básicamente sensatas. El Fondo pide:
1. Revertir el crecimiento de la deuda y el déficit: “sin una consolidación fiscal firme, la deuda pública seguirá aumentando”. Y es esencial reducir el déficit fiscal. Hay que lograr transparencia de los presupuestos, el control de gastos y la emisión de Letes;
2.- Evitar los impuestos que distorsionan la actividad económica, como el impuesto a las transacciones financieras o las telecomunicaciones “tienen recaudación relativamente baja y afectan significativamente la intermediación e inclusión financieras”. También sugieren alejarse de un aumento al impuesto sobre la renta de las empresas, considerando las tasas de informalidad y el bajo nivel de inversión.
3. Reducción del gasto estatal, la gran fiesta de la nueva clase. Debe controlarse la cantidad de plazas y lograr eficiencia en el gasto.
4. Reformas al sistema de pensiones, recomendando reformas paramétricas (porcentaje de contribución, edad de jubilación). No se aprueba el plan del gobierno de disponer de los ahorros de los trabajadores.
5. El documento llama a mejorar el acceso de los hogares salvadoreños al sector financiero. Se pide “replantear los parámetros para almacenar y transferir información sobre los deudores y regulación moderna sobre el mercado de títulos valor”.
6. Mejorar competitividad, flexibilidad en los salarios y los precios y “reducir las barreras de entrada a nuevos actores económicos”.
7. Reducir la delincuencia y la corrupción, lo que “incluye el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, además de una reducción importante en la parálisis política a causa del mal uso de fondos públicos y la polarización existente”.
En esto último el oficialismo, lejos de combatir la corrupción, más bien ha mostrado incomodidad con las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y sus reveladores resultados.