En 1968, Samuel Huntington señaló un elemento común en aquellas sociedades donde el gobierno efectivamente gobierna: su grado de institucionalización. En estos países, las instituciones políticas se adaptan a cambios del entorno, son complejas en sus funciones y estructuras, guardan independencia respecto a otros grupos y existen consensos sobre cuáles son sus objetivos y cómo deben cumplirse.
Según Huntington, los períodos de inestabilidad ocurren cuando sube la participación política o la movilidad social y las instituciones no son capaces de administrar dichos cambios o de satisfacer nuevas demandas. El Salvador, donde cada semana se observan nuevos escándalos que generan conmoción e incertidumbre, no escapa de esta teoría.
En las décadas intermedias del siglo XX hubo procesos importantes de modernización del estado en términos de política monetaria, de programas sociales en áreas básicas como salud y vivienda y de reconocimiento constitucional de derechos de segunda generación –trabajo, educación y salud, entre otros incluidos en la Constitución de 1950. Sin embargo, no hubo voluntad de ampliar significativamente la recaudación tributaria y bajar así niveles inaceptables de exclusión social y pobreza. Asimismo, aunque en 1963 se introdujo el sistema proporcional a la elección de diputados y con ello la oposición entró al Órgano Legislativo, la política fue finalmente controlada por grupos militares al punto de violar derechos fundamentales y deslegitimar el acceso al poder a través de elecciones. Estas contradicciones no encontraron instituciones competentes para resolver dicha conflictividad y el país entró, terminada la década de los setentas, al período más triste de su historia entre dos bandos radicalizados.
Actualmente se presenta un déficit institucional preocupante. La actual Sala de lo Constitucional inició en 2010 un activismo judicial a favor de derechos como el sufragio, el acceso a la información pública o, recientemente, al acceso a la justicia tras expulsar la Ley de Amnistía de 1993. Si bien puede estarse a favor o en contra de sus sentencias, no puede negarse la validez técnica y la independencia con que actúan los magistrados. Quienes no han hecho su trabajo son los políticos que insisten en mantener las instituciones al servicio de sus intereses; poco han hecho por construir consensos sobre política fiscal, definir la concesión de servicios estratégicos, dignificar el sistema de salud y el sistema penitenciario, fiscalizar las donaciones a sus partidos, elegir funcionarios idóneos o combatir la corrupción al más alto nivel. Por ejemplo, mientras la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía requiere de un Órgano Judicial eficaz, los diputados llevan casi un año sin elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, institución clave en el sistema de justicia.
Otra área preocupante es el sistema electoral. Si bien ahora existen nuevas formas de elegir diputados, voto en el exterior, cuotas de género o concejos pluripartidarios, las instituciones no están a la altura de varios de estos avances. La Ley de Partidos Políticos no provee instrumentos para transparentar el financiamiento; el Código Electoral continúa desfasado en temas sensibles como el recuento de votos o la regulación de campañas; y el Tribunal Supremo Electoral no tiene la estructura ni los recursos necesarios para administrar y juzgar procesos electorales de forma efectiva. El tormentoso conteo de la última elección legislativa es consecuencia de lo anterior.
Se hizo la guerra, se firmó la paz, pero la institucionalización sigue pendiente. El no contar con instituciones funcionales no solo preocupa por la falta de certidumbre, sino por el riesgo de reiniciar ciclos de inestabilidad o de estancamiento. Y la culpa no será de la Sala de lo Constitucional, sino nuestra al tolerar ciertos políticos anclados en viejos vicios: desde el diputado que disparó borracho a una policía, los expresidentes con ingresos no justificados o los dirigentes de dobles discursos que ocultaron sus acercamientos con pandilleros; hasta el actual presidente y sus correligionarios que brillan por su incoherencia como se evidenció con la Ley de Amnistía, el ministro encargado de regular a la misma empresa de hidrocarburos a la que debe cientos de miles de dólares y los deshonestos que aún gritan “golpistas” o “desestabilizadores” a quienes plantean, entre otras cosas sensatas, la colaboración de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad como ocurre en Guatemala. De continuar así, la culpa será nuestra; y el costo, muy alto.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@guillermo_mc_