A los magistrados de la Sala de lo Constitucional este año les van a caer bien poquitas canastas navideñas. Digo, porque han logrado irritar a personalidades de todo el espectro político. La semana pasada le dediqué la columna al importantísimo tema de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 93 y por falta de espacio, no logré comentar el “atropello” que les han hecho a los sufridos diputados, con eso de que al declarar que por no contar con legitimación popular, los diputados suplentes no podrán ejercer las funciones de los diputados propietarios. Acertadísima resolución, puesto que en el sentido más literal de las cosas: ¡ni su mamá votó por ellos! Más allá de lo anterior, su existencia diluía la responsabilidad de los diputados propietarios, dándoles un “yo no fui” de bolsillo para poder excusarse con sus electores si por algún voto surgían reclamos. Como era de esperarse, a nuestros legisladores no les cayó bien la noticia.
Dicen que la clave para entender las penas del prójimo es la empatía: realmente ponerse en los zapatos de quien sufre e intentar internalizar sus dolores. Es esto lo que intenté hacer con todas mis fuerzas al leer los lamentos que hizo públicos uno de los afectados, el diputado por San Salvador Norman Quijano, cuyas anteriores lágrimas derramadas en el altar de la política son de todos conocidas. La interpretación que hizo el doctor Quijano de la sentencia carece en lo absoluto de fundamento jurídico, pues de alguna manera él la entendió como una prohibición para los diputados propietarios de enfermarse, reproducirse, tener emergencias, ir al baño o viajar. Aunque no les caerían mal un par de restricciones de viaje, en ningún momento la Sala los ha amarrado a sus curules. Es difícil sentir empatía alguna por el diputado Quijano, cuando se queja de haber perdido un privilegio del que carecemos todas las personas en edad productiva — empleadas o desempleadas — en el electorado que representa. ¿Se imagina que este laborioso diputado quería ser presidente? ¿Habría, de haber sido electo y de acuerdo a su extraña interpretación de la sentencia, delegado la presidencia a su compañero de fórmula para ocupar el baño?
¿Y cómo no hablar del atropello que sienten los pobres diputados suplentes del FMLN, que hasta fueron a interponer un amparo? Que les violaron el derecho de audiencia dicen. ¿Y a la ciudadanía, no le llevan por delante su derecho a ser oída cada vez que el representante que elegimos desaparece de escena para dejar el voto en manos de un virtual desconocido que no rinde cuentas y se refugia en su rol de “llanta de repuesto”? Les importó poco, porque también sienten que les afectaron su seguridad jurídica, o en otras palabras, les quitaron la generosa beca de refrigerios y beneficios que como contribuyentes generosamente costeamos. Según su amparo, también les fue violentado su derecho a ser electos popularmente. Eso, a pesar de que intacta tienen su prerrogativa de lanzarse, convencer votantes y resultar electos para lo que les de la gana, desde reinas de fiesta patronal a presidentes de la República, en ningún momento la resolución de la Sala les impone una prohibición a que ejecuten su derecho a la participación política. No solo carecen de argumentos, sino de sentido de las prioridades. Por cuidar su hueso, ignoran las verdaderas penas que sí están afectando a aquellos a quienes supuestamente (¿o “suplentemente”?) representan, como la inseguridad, el encarecimiento y la falta de abastecimiento de los servicios básicos en diferentes sectores del país, por mencionar algunas. Esa ceguera hace que merezcan de parte del electorado que quieren representar, la misma empatía que despertaría una colonia de zancudos portadores del zika.
Así que, de aquí a 2018, es el deber del electorado poner atención. La ausencia de los propietarios será ahora más evidente que nunca. Y de nosotros depende pedir las explicaciones del caso.
*Lic. en derecho de ESEN con maestría
en Políticas Públicas de
Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg