Sí, es positiva
Marlon Hernández Anzora
Antes de brindar argumentos de porqué es positiva la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, quisiera desmontar varias falacias detrás de los argumentos que sostienen que dicha inconstitucionalidad reabre heridas y pone en peligro los Acuerdos de Paz. La primera mentira es que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que fue declarada inconstitucional es parte de los Acuerdos de Paz. Mentira. Esa ley fue aprobada en 1993, más de un año después de firmados los Acuerdos.
Otra mentira es que debe perdonarse sin conocer a los perpetradores de los crímenes. Ni en el catolicismo sucede de esa manera, pues el perdón sólo es posible luego de la respectiva confesión y acto de constricción. El punto con el perdón y olvido es que nadie quiere hacerse cargo de las masacres, desapariciones y etcéteras durante la guerra, más bien pretende que las víctimas perdonen en ignorancia de quiénes fueron los perpetradores, y muchas veces sin conocer siquiera donde están los cuerpos de sus familiares o –por lo menos- dónde pasaron sus últimos minutos. ¿A quién van a perdonar si no saben quién los ofendió?
Otra falacia es que hay similar proporción entre los culpables de un bando como del otro. El Informe de la Comisión de la Verdad asignó porcentajes según las denuncias recibidas, estableciendo como los principales denunciados al Ejército (60%); seguido por los cuerpos de seguridad de la época (25%); miembros de las escoltas militares y la defensa civil (20%), escuadrones de la muerte (10%) y miembros del FMLN (5%).
Las anteriores sólo son unas cuántas de la serie de falacias que desde 1992 han repicado las principales élites de derecha del país y que hoy –en el poder- asume vergonzosamente una parte de la izquierda gobernante. Esas falacias bien pueden resumirse en uno de los eslogan más dañinos que ha dominado la posguerra: perdón y olvido. El genuino perdón sólo será posible luego del reconocimiento de los hechos y la petición de perdón de los victimarios, así como la reparación de sus víctimas. No se trata de venganza, sino de la esencia de la justicia democrática: recuperación simbólica de un equilibrio que fue roto, para entonces poder continuar con una convivencia pacífica.
Este momento crítico es importante para comenzar a romper la histórica impunidad, que no nos permite sentirnos ciudadanos iguales ante la ley. Mientras los hijos de este país continuemos viviendo bajo la noción que la justicia sólo se aplica para aquellos que carecemos de poder, El Salvador no dejará el perfume de república bananera. En ese sentido, la Amnistía general y absoluta representaba eso: un pacto entre los que tenían poder en la época, para que la ley no se les aplicará por sus posibles crímenes cometidos. La Amnistía es un ejemplo dolorosamente paradigmático de cómo han administrado el poder buena parte de nuestras élites gobernantes.
Esta sentencia de inconstitucionalidad es importante porque golpea uno de los principales pilares sobre los que se sostiene esa impunidad histórica. Además de ser un reclamo –a penas inicial- de una institucionalidad democrática y un Estado de derecho que no distingan el apellido, el patrimonio, el estamento ni el cargo de quienes transgreden la ley y –menos aún- de quienes cometen actos tan atroces como son los crímenes de lesa humanidad.
No dudo que veremos desfilar por los medios a varios políticos vendiéndonos miedo por esta sentencia de inconstitucionalidad. No les crean. Lo cierto es que el Coco sólo viene por aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Los que defienden la Amnistía y atacan su inconstitucionalidad, deben comprender que los miedos que pregonan son los suyos, no los de la mayoría de la población. Es momento de afrontar esos miedos que nos atan al pasado, para abandonar la política finquera y avanzar hacia una genuina República.
*Director Ejecutivo de Debate, Diálogo, Democracia. Twitter: @mahinzora
No es positiva
Carlos Mauricio Guzmán Segovia
La semana pasada la Sala de lo Constitucional emitió una transcendental e histórica sentencia para nuestro país. Se trata ni más ni menos que de la expulsión del ordenamiento jurídico de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993. La Sala de lo Constitucional consideró declararla inconstitucional porque es contraria al derecho de protección a los derechos fundamentales en consecuencia – dice la Sala - impidió el cumplimiento de las obligaciones estatales de investigar, enjuiciar y sancionar a quienes durante el conflicto armado hubieren cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra contra derechos humanos fundamentales.
Adicionalmente, concluyó que tal Ley impedía el derecho de las víctimas del conflicto a ser reparadas de manera integral, entendiendo por ello el restablecimiento de los derechos conculcados, el resarcimiento, la compensación de los daños ocasionados, la indemnización de daños y perjuicios, la rehabilitación y readaptación de la víctima, la satisfacción y reivindicación de las víctimas, las garantías de no repetición y el conocimiento público de la verdad.
Otro de los efectos de esta sentencia es que la Sala revive la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1992, la cual si bien otorga amnistía al cometimiento de ciertos delitos, su alcance es mucho más limitado que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz; y se resuelve que no ha operado la prescripción de tales delitos, toda vez que la norma expulsada es la que no ha permitido el inicio de las acciones penales y civiles correspondientes.
Quedan entonces excluidos de la amnistía los hechos atribuidos al ejército y a la guerrilla que puedan ser calificados de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
No puede negarse que la Ley de Amnistía General se dio dentro del contexto que permitió poner fin a un conflicto armado, que nos desangró a los salvadoreños por más de doce años, en una guerra que no hubo ni vencedores ni vencidos y que para bien o mal, ha permitido que quienes un día estuvieron enfrentados, hoy puedan convivir pacíficamente en la sociedad.
Esta sentencia tiene a su base el devolver a los familiares de las víctimas su derecho de conocer la verdad, y la reparación integral a las víctimas. Tras la sentencia, la Sala le da vida jurídica a la Ley de Reconciliación Nacional de enero 1992, por lo que se reconoce que seguirá existiendo amnistía, pero para aquellos casos que no sean considerados de lesa humanidad o crímenes de guerra. En esa línea de pensamiento, significa entonces que aquel familiar que perdió a su padre, madre o hijo dentro de la guerra, pero que esa muerte no es calificada como de lesa humanidad o crimen de guerra, para ellos estaría negada la posibilidad de conocer la verdad y buscar una reparación. Cómo entonces, le podemos explicar a alguien que la muerte de su familiar quedará impune?
Los que hablan que haber quitado la ley de amnistía traerá la reconciliación al país, se equivocan porque la reconciliación no se logra únicamente a base de justicia. La reconciliación se logra perdonando a tu hermano y el perdón es algo muy personal, por eso tampoco creo en los perdones dados por el Estado a las víctimas, porque nadie me puede quitar el derecho de perdonar. El perdón puede llegar aun sin saber quien cometió un hecho violento en contra de mi familiar. Otra persona es posible que nunca perdonara aun sabiendo quien dañó a su familiar.
Los salvadoreños ahora tenemos un nuevo reto y es encontrar el camino que nos lleve a una verdadera reconciliación a una verdadera paz y dejemos atrás ese pasado oscuro al que jamás queremos regresar.
*Abogado en el caso Jesuitas