Jorge Mariano Pinto, expresidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES) y presidente de la Fundación Innova, es acusado de la retención de al menos $1.7 millones.
Quien acusa de este delito a Pinto es la gremial que presidió. Además se le imputa el delito de desobediencia a particulares.
El también exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) enfrentó esta martes el primer día de audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. La audiencia continúa mañana.
De acuerdo con el actual presidente de AMPES, Maximiliano Adalberto Portillo, en 2009, el Juez Cuarto de Civil ordenó a la fundación Innova que devolviera el dinero que supuestamente habría retenido Pinto.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado sobreseimiento provisional para el imputado. En ese sentido, Portillo señaló que les ha sorprendido que la fiscal encargada del caso haya sostenido que Pinto no tiene la obligación de devolver el dinero que se le reclama.
Mientras tanto, el acusado manifestó ayer antes de entrar a la audiencia que el Ministerio Público en su dictamen de acusación lo había sobreseído de los delitos que se le imputan.
“La Fiscalía ya investigó, tengo el dictamen de sobresemiento a mi favor. Por lo tanto no existe ningún delito. Lo que existe es obligaciones de ambas partes de los cuales ellos jamás han cumplido”, dijo el exfuncionario.
El primer día de audiencia concluyó con los alegatos de la Fiscalía y los abogados acusadores de AMPES. Para el jueves la audiencia continuará con los alegatos de los defensores de Pinto.