Para representantes del sector transporte no ha sido una sorpresa que miembros de pandillas estuvieran administrando buses de la ruta 6.
La masiva captura de miembros de la Mara Salvatrucha conllevó también el decomiso de 19 autobuses de la 6, que moviliza a pasajeros desde Mariona al centro de San Salvador. De acuerdo con el informe fiscal, supuestos pandilleros se encargaban de administrar las unidades.
Autoridades presentan el decomiso realizado a pandilleros
“Hay rutas que están secuestradas por estos grupos. En otros casos también han comprado con presta nombres. El sector sigue siendo vulnerable ante la delincuencia”, expresó un transportista, que pidió se ocultara su identidad para la publicación de la nota.
El busero dijo que no son pocas las denuncias que han recibido de otras rutas en las que miembros de grupos delincuenciales se han dedicado a administrar unidades, obligando en muchos casos a empresarios legítimos a apartarse de las rutas.
En algunos casos han recibido llamadas que se salen del patrón de extorsiones al que se han tenido que resignar.
Por ejemplo, llegan a pedirles hasta $50, 000, además de lo que ya estaban pagando. “Pareciera como que están tratando de movilizar a los operadores de las rutas para que vendan barato y comprar”, consideró el transportista. Añadió que la mayoría de las rutas que han tenido problemas de ese tipo habían puesto denuncias.
Rodrigo Contreras Teos, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT), expuso que conoce muchos casos de rutas que se mantienen sumergidas ante el acoso de las pandillas y han llegado a ser tomadas por estos grupos.
“Un 95% del transporte está extorsionado y hay muchas rutas que están tomadas por los pandilleros, eso tiene que verlo muy de cerca y cuidadosamente el Gobierno, las autoridades de justicia y seguridad”, expresó.
Contreras Teos dijo que, en el caso de las rutas tomadas por pandillas, ellos imponen decisiones sobre cómo deben funcionar; indican cuáles motoristas deben trabajar y cuáles no, incluso llegan a ordenar qué empresarios pueden llegar a la ruta y quiénes no.
“Algunos están amenazados que si no aceptan las condiciones los matan”, comentó Contreras Teos.
La situación se ha visto en diferentes rutas a escala nacional, pero principalmente en San Salvador. Contreras Teos reiteró que hay empresarios que se mantienen amenazados.
Otro empresario, que también pidió se ocultara su nombre por temor, lamentó la forma en cómo las estructuras delincuenciales han logrado enquistarse en las empresas por medio de amenazas.
“Demuestra la capacidad de este tipo de estructuras que, por medio del terror, buscan apoderarse de herramientas de trabajo a efecto de poder estar generando dinero”, sostuvo el empresario.
Catalino Miranda, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), consideró que el operativo realizado por la autoridades era un paso correcto para lograr identificar también a los empresarios que estén vinculados con grupos delincuenciales.
“No es justo que con el dinero de la extorsión puedan otros tomar ventaja en negociaciones oscuras y ocultas”, expresó Miranda.
El transportista dijo que hay más infiltraciones en el sector que deben ser investigadas.
También llamó al resto de empresarios a mantenerse a la expectativa para detener el ingreso de miembros de pandillas que pretenden estar en ese sector.
Para Miranda es necesario que tanto los empresarios como el Estado se involucren para hacer frente al crimen organizado que cada vez afecta más al gremio.
“Nos van a ir arrinconando, y vamos a tener que vender nuestras empresas”, expresó.
Al mismo tiempo, Miranda consideró que el sector transporte debe ser depurado.
“El transporte público podría ser un sector bien vulnerable para el tema del lavado de dinero, no hay controles reales de la movilización de los pasajeros. No solo de pandillas sino otros grupos de crimen organizado”, coincidió uno de los empresarios que pidió ocultar su identidad.
Miranda señaló que para los empresarios que se han dedicado a trabajar en el área por décadas no hay espacio para “manos criminales” y que no les afectaría que se realice una investigación a fondo de todos.
“Nos ha costado y otro que venga solamente a imponer y todavía siga extorsionando al vecino…”, cuestionó.
Contreras Teos señaló que para que puedan realizar esa depuración requieren del apoyo e intervención de las autoridades.
Indicó que durante los últimos años han solicitado que haya un plan específico para controlar la inseguridad que afecta el área de transporte.
“Porque reúne condiciones muy especiales debe haber un plan y estrategias especiales para el transporte para el combate a la delincuencia”, dijo Contreras Teos.
Los empresarios también hicieron un llamado a las entidades de seguridad para que investiguen el destino de los millones de dólares que deben entregar cada año al ser extorsionados.
Contreras Teos dijo que pese a las estrategias de seguridad, las extorsiones en lugar de bajar han aumentado para muchas rutas.
Uno de los buseros exteriorizó que las extorsiones se han vuelto insoportables y que calculan que al año pagan $36 millones en extorsiones. Apuntó que, hasta la fecha, las autoridades no han logrado determinar dónde paran los fondos y quién se queda con ellos.
Sostuvo que en muchas ocasiones solo se ha detenido a quien llega a traer la extorsión, pero no hay un seguimiento. Pidió una investigación en todas las rutas del país para llegar al fondo.
“Ese dinero no se puede esfumar para otro planeta, tiene que andar aquí en el país”, concordó Miranda.