El equilibrio fiscal que tenga el presupuesto general de 2017 será clave para la efectividad de una ley de responsabilidad fiscal que se discute actualmente entre el gabinete económico y los diputados en la Asamblea Legislativa.
Así lo indica la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en el documento “Criterios para dialogar sobre una ley de responsabilidad fiscal en El Salvador”, elaborado por la economista Luz María Serpas de Portillo.
“La efectividad de la aplicación de reglas de responsabilidad fiscal consignadas en una ley, pasa por corregir los problemas que reiteradamente ha presentado el presupuesto público en los últimos años (sobrevaluación de ingresos, subestimación/no inclusión de gastos que necesariamente se realizarán durante el ejercicio, presupuestos aparentemente balanceados, pero que en realidad no lo están)”, señalan sus conclusiones.
El titular de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo el miércoles en una entrevista televisiva que ya están elaborando el proyecto de presupuesto para el próximo año y que éste se presentará a más tardar en septiembre.
Ante esto, la ex presidenta del Banco Central de Reserva, señaló que “la disciplina fiscal (que se requiere para ordenar las finanzas) demanda transparencia y mucho realismo en la elaboración y aprobación del presupuesto público anual, así como aprobar su financiamiento simultáneamente.
“Es imperativo que se corrijan las fallas observadas en el proceso presupuestario, de no hacerlo, no se lograría estabilizar la deuda y que en los años venideros pueda disminuir, ya que estas fallas estarían presionando por más gasto y mayor endeudamiento”, señala el estudio.
Fusades mantiene en sus análisis económicos que uno de las bases del problema fiscal del país es que el Ministerio de Hacienda sobreestima sus ingresos, creyendo que va a recaudar más dinero, pese a que la economía y la inversión de las empresas se muestra decaída.
Además, subestima sus gastos, pues no incluye el gasto en subsidios, devoluciones y otros que deberían incluirse en el plan de gasto por ser erogaciones que se hacen todos los años.
En sus conclusiones la economista señala que la sola aprobación de “una ley de responsabilidad fiscal no garantiza la disciplina y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, aunque estuviese apropiadamente estructurada; es necesario que exista compromiso con la estabilidad y la voluntad política de cumplir la ley y mantener la sanidad fiscal.
Las consideraciones de Fusades se unen a las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras hacer una revisión de la economía nacional, determinó que el país debe hacer un ajuste fiscal de un 3% del PIB, debido a que ha caído en un círculo de bajo crecimiento y una elevada deuda.
Para lograrlo el organismo internacional ha sugerido al país hacer diferentes ajustes, entre ellos un acuerdo fiscal que incluya medidas como la reducción de gastos, el aumento de ingresos, la aplicación de nuevos impuestos y reducción de salarios, entre otros.
De acuerdo con fuentes políticas, el Gobierno ya está estudiando la factibilidad de algunas de estas medidas y elaborando un documento para adquirir ciertos compromisos fiscales de largo plazo.