Después de exponer el panorama de las escuelas públicas en El Salvador con respecto a la seguridad, la violencia y el riesgo, tal como refleja una investigación de USAID publicada el pasado mes de junio, nos adentraremos hoy en algunas de las recomendaciones que dicho estudio contempla.
La primera de ellas parece muy interesante: “El Salvador debería revisar la estrategia y los programas [para prevenir y atajar el problema de la violencia], desde la perspectiva que mira en las escuelas un ámbito privilegiado de contacto entre la ciudadanía y el Estado, en tanto ofrece una plataforma multisectorial desde la cual lograr el cambio social”; pues en el corto plazo, la escuela es un catalizador muy valioso en el apartado de reducción de riesgos y cohesión social; mientras que en el largo, es el factor ideal para fortalecer el pacto social y la ciudadanía.
Es decir, que el Estado debería valorar más, bastante más, el papel social de las escuelas, para aprovechar el alto grado de prestigio del que gozan los educadores, y el deseo inagotable de aprender que brilla en los niños de este país.
La segunda recomendación viene de la mano con la constatación de la existencia en las comunidades de grupos de ciudadanos interesados y deseosos de colaborar con los directores y profesores de las escuelas que frecuentan sus hijos. Es, señala el informe, una excelente plataforma para comprometer a los miembros de las comunidades, e involucrarlos en procesos de planificación y acciones para trabajar en la limitación de los factores de riesgo y solución de problemas, de la mano con autoridades locales.
Recomienda a los miembros de USAID (para quienes, a fin de cuentas, está redactado el informe), que apoyen de la mejor manera posible al Ministerio de Educación para que sea capaz de contextualizar mejor los planes y programas orientados a comunidades de alto riesgo. Incluyendo capacitaciones para los maestros orientadas a mejorar el manejo de crisis, entrenamiento en liderazgo para los directores y miembros del Consejo Directivo Escolar, para que manejen mejor las relaciones con los padres de familia y las comunidades.
Una de las recomendaciones que más llama la atención es la que se hace al Ministerio de Educación en relación con tener programas de información de los riesgos y realidades que la violencia produce en las escuelas y en las comunidades, pues, tal como se dice explícitamente en el cuerpo del informe, se ha detectado una cierta reluctancia a admitir como verdaderos los hechos (deserciones, asesinatos, extorsiones a personal docente, etc.), pues se tiende a enfocarlos desde puntos de vista ideológicos o partidarios, o a no dar cuenta de las situaciones por temores y/o respeto infundado a las autoridades inmediatas.
Recomienda también pensar seriamente en contar con un equipo de consejeros expertos en apoyo psicológico, principalmente en aquellas escuelas localizadas en zonas consideradas de alto riesgo en relación a las pandillas y a sus operaciones criminales. Al mismo tiempo, se habla de extender todo lo posible el sistema de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, para que los estudiantes y los maestros pasen el mayor tiempo con actividades y en espacios seguros.
En una situación tan delicada, aunque el informe trata principalmente de asuntos académicos, también recomienda que por parte del Ministerio de Seguridad Pública haya más apoyo a las comunidades, proveyendo más policías y patrullas asignados específicamente a las escuelas.
Transcribo, para concluir, directamente del informe: “dado el nivel epidémico de violencia y el creciente problema de deserción escolar, se hace necesaria una acción de liderazgo de nivel nacional”, pues el problema, como queda visto, es sumamente complejo, tiene importantísimas consecuencias, y es insoslayable de enfrentar.
* Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare