El pasado 1 de julio condenaron a seis años de prisión a una mujer por el delito de contrabando de cigarrillos. Además le ordenaron que debía pagar 69,870 dólares, que equivale al impuesto evadido más el 300% de multa por ese ilícito.
Este ha sido un solo caso este año registrado por las autoridades en comparación con al menos cinco casos de contrabando de este producto en 2015 en los que se vieron involucrados unas nueves personas de las cuales condenaron a la pena máxima por este delito -seis años de cárcel-, a por lo menos siete de ellas.
Sólo con estos casos la defraudación al Fisco supera los 266 mil dólares equivalentes a impuestos y multas, que el país dejó de percibir y deja al descubierto que el contrabando no solo es de ropa, alimentos, juguetes, de armas de fuego o de droga.
Y a juzgar por recientes estudios de mercado, el ingreso a El Salvador de cigarrillos piratas, sigue incrementándose. Según expertos de Distribuidora Morazán (DM), el contrabando ya tiene acaparado el 32% del mercado (hace dos años era de 30%), significa que de cada 100 cigarrillos que se fuman en El Salvador, 32 son ilegales, son productos que vinieron de la India, Panamá o de China, sin que exista un registro o control de fabricación, de calidad, manejo sanitario y por supuesto sin pagar impuestos.
De acuerdo a Alexander Fernández, gerente legal de DM, al permitirse el país ese contrabando se están perdiendo por lo menos unos $15 millones de impuestos cada año.
La industria, la que paga impuestos y genera cerca de un millar de empleos en este rubro aporta entre $25 a $30 millones a las arcas estatales, a parte de cumplir con toda una serie de regulaciones que los ponen en seria desventaja contra los piratas.
De acuerdo a análisis de la consultora KPMG para los distribuidores salvadoreños, el cigarrillo ilegal es fabricado sobre todo en China e India, aunque mucho del que circula en la región de México, toda Centroamérica y algunos países de Suramérica es fabricado en la Zona Franca de Panamá, usando marcas chinas.
Se estima que más del 60 por ciento del cigarrillo que ingresa a El Salvador burlando a las autoridades, por cualquiera de un centenar de puntos ciegos, procede de Panamá.
Ruth Hermenegilda Renderos de Franco, es la única persona condenada este año por el delito de contrabando de mercadería, en este caso de cigarros.
El año pasado el mayor monto evadido por piratas de cigarrillos fue de 108,915 dólares, esto dio pauta a que el Juez 2° de Sentencia de Santa Ana enviara a prisión a Sonia Elizabeth Blanco De Trinidad y a José Rubén Trinidad Polanco por el delito de Contrabando de Mercadería en perjuicio del Estado.
Occidente en la mira
No es casualidad que sea Santa Ana donde se confisca con mayor frecuencia este tipo de productos. Es precisamente por la frontera occidental del país por donde ingresa la mayor cantidad de cigarro ilícito.
Según Fernández, hay una triangulación de rutas entre Panamá y Belice antes de que estos productos, ingresen por “puntos ciegos” a territorio salvadoreño.
Ya en el territorio nacional pareciera que todo es favorable para que los piratas puedan hacer negocios de este producto donde sea. Incluso, este tipo de cigarrillos se vende en los negocios callejeros de las aceras del Ministerio de Salud, autoridad que debería velar en lo que corresponde por el control de lo que se vende, a criterio de distribuidores.
Y es que El Salvador ratificó a través del aval de la Asamblea Legislativa, un convenio marco sobre el control del tabaco que promueve la Organización Mundial de la Salud, eso fue hace dos años.
Según la OMS, el convenio permitiría a El Salvador continuar trabajando en el control de las graves enfermedades producidas por el consumo del tabaco y sus sustancias tóxicas y evitar que una nueva generación de sea atrapada por la adicción al cigarrillo.
No obstante, como buena cantidad de ese producto ilegal ingresa sin pagar impuestos, su precio es barato y se prolifera en todo el país con facilidad, y con esa misma facilidad los consumidores compran productos que no han sido supervisados en su proceso de fabricación, contraviniendo el convenio.
El no pago al fisco facilita que una caja con 50 paquetes pueda conseguirse en 250 dólares en contraste con una de cigarros legales que cuesta 1,100 dólares, aunque en este caso traslada casi el 50% de ese dinero a las arcas estatales.