El abogado español de los militares procesados por el caso de Jesuitas que son reclamados por el juez Eloy Velásquez cuestionó, en España, el trámite de extradición de su colega contra los salvadoreños que los mantiene detenidos por más de 140 días.
En declaraciones al periódico español El Mundo, Antonio Alberca afirmó que “ningún tribunal español tiene competencia sobre el caso Ellacuría (Jesuitas)”, por el cual han sido detenidos cuatro militares salvadoreños y sobre quienes existe una solicitud de extradición ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
El rotativo español cita que los militares salvadoreños fueron demandados por el juez de la Audiencia Española Eloy Velasco -magistrado encargado del caso Ellacuría desde que en 2008 la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) presentaron una querella ante la Audiencia Nacional- quien emitió una orden de busca y captura contra ellos, el 27 de julio de 2011.
Según dicho medio, Alberca se encontraba en agosto de 2011 en El Salvador, cuando nueve militares del Ejército salvadoreño se acuartelaron en la Brigada de Seguridad Militar y pidieron acogerse al “resguardo militar”.
En ese entonces, los militares hicieron pública una nota, según el informativo El Mundo el 11 de agosto de 2011, que decía: “Bajo ninguna circunstancia reconocemos la jurisdicción de los tribunales españoles en este caso, que ya fue investigado y juzgado”.
Finalmente, el 25 de agosto la Corte Suprema de Justicia salvadoreña resolvió que dicha orden sólo era para su localización y no para su detención y fueron liberados.
En cuanto a la solicitud de extradición a España, la Corte de Justicia la denegó en el 2012 alegando que, cuando se perpetró el crimen, la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales, ese es uno de los argumentos del abogado Alberca para desestimar en esta ocasión.
Agrega que el juicio ya se celebró en El Salvador el 23 de enero de 1992 con la condena a 30 años de cárcel para el coronel Benavides y el teniente Yussi Mendoza.
Posteriormente, en 1993 se aprobó una Ley de Amnistía por la que se perdonaron los delitos cometidos durante el conflicto armado en El Salvador por parte de militares y la exguerilla del FMLN. Y agrega que los hechos ya han prescrito, tal y como declaró en 2001 un tribunal salvadoreño, cuando la UCA intentó reabrir el caso.
“Mi defensa no va tanto en lo que ocurrió sino en el hecho de si España puede enjuiciar esto. Estos hechos ya quedaron enjuiciados en El Salvador y no podemos entrar en ello”, afirmó.
Hasta el momento, la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador se encuentra discutiendo si niego o resuelve extraditar a los militares salvadoreños.