A partir de las 2:00 de la tarde de hoy, 12 personas, entre ellas seis policías, serán procesadas por los delitos de agrupaciones ilícitas, conspiración, homicidio agravado, homicidio tentado y privación de libertad en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
A los procesados, la Fiscalía los vincula a un supuesto grupo de exterminio que operaba en la zona oriental del país y al que le atribuyen al menos ocho asesinatos y una privación de libertad ocurridos en los municipios de Chirilagua y San Miguel.
La acusación contra los policías, entre los que figuran un inspector, un sub inspector, un cabo y tres agentes, además de seis civiles, fue presentada ayer por la mañana ante el referido tribunal, al que fueron llevados los imputados.
Las autoridades fiscales no brindaron detalles de la acusación, aunque el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró el viernes anterior que en los ocho casos de asesinato, la participación de los jefes policiales fue facilitar que en los sitios de las ejecuciones no hubiese personal uniformado, mientras que los agentes habrían sido ejecutores directos en algunos de los casos de asesinato.
Agregó que la privación de libertad que les imputan fue una contra Ana Guadalupe Lara, residente en Chirilagua, quien a la fecha no ha aparecido. La diligencia preliminar será hoy a las 2:00 de la tarde.
Según la acusación, el supuesto grupo de exterminio, que se dividía en cinco sub grupos, eran financiados por lugareños, e incluso, gente que enviaba dinero desde el extranjero.
Sobre la participación de los seis particulares, la Fiscalía sostiene que eran quienes alquilaban vehículo para llegar a las zonas y sacar de sus casas a pandilleros usando vestimentas oscuras.
Apoyo
Mientras los policías eran informados al interior del juzgado de qué les acusan, afuera del tribunal, un grupo de aproximadamente 25 agentes de civil llegaron con los rostros cubiertos y portando una pancarta en la que exigieron la libertad de los procesados.
También exigían a la Fiscalía que se reste importancia a la declaración de un testigo al que según ellos, le han dado beneficios a cambio de información que llevó al arresto de sus compañeros.
Los agentes lamentaron que el fiscal Meléndez deje de lado el bienestar de la gente honrada, por la que la Policía lucha a diario. “No es posible que nosotros afuera estamos arriesgando nuestras vidas, derramando sangre. Cuántos compañeros han caído y hasta la fecha no hay respuesta para nosotros”.
Los policías aseguran que el gobierno los dejó solos y que si algo le ocurre a los familiares de agentes detenidos, responsabilizan al fiscal Douglas Meléndez, quien ha expuesto públicamente a sus compañeros.
Desmiente la existencia del supuesto grupo de exterminio y aseguran que esos grupos los conforman los mismos pandilleros.
Sostienen que las purgas de mareros se dan por el resentimiento de familiares de personas que murieron a manos de pandilleros, quienes toman venganza y que ahora las autoridades quieren culpar a los policías de esos crímenes.
Por su parte, el inspector Jesús M., uno de los procesados, aseguró que el proceso es injusto porque ha puesto en riesgo a las familias de los agentes investigados.
Aseguró que a él lo acusan de brindar documentos importantes al supuesto grupo, pero que durante los últimos tres años ha estado en la Policía Montada. Dijo que lo acusan de “revelar documentos de información, cuando me han tenido cuidando caballos durante tres años, yo no tengo acceso a información confidencial”.