Esta semana, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, acudió a la Asamblea Legislativa para rendir un informe sobre el segundo año de su gestión. Este es el séptimo año en que un gobernante del FMLN tiene que cumplir con esta tarea. La crisis en seguridad que experimenta el país se ha agudizado estrepitosamente, independientemente de si se contrasta con la de hace siete o la de hace dos años. Durante el 2015, año del que este miércoles dio cuentas en la Asamblea el presidente, registró el mayor número de homicidios en la historia de El Salvador. La cantidad de ciudadanos honestos que fueron obligados a migrar por temor a ser víctimas de la violencia también aumentó significativamente. La barbarie con la que las pandillas asesinan a sus víctimas ha recrudecido, como evidencian diferentes videos que han circulado en las redes sociales.
En los últimos dos años, los desaciertos han sido muchos y las consecuencias derivadas de éstos han sido inmensamente graves. Este artículo fue escrito antes del discurso, pero anticipándose a las palabras del mandatario se puede afirmar que, ante el escenario antes descrito, el presidente no puede etiquetar la seguridad pública como un logro en su gestión, sería de muy mal gusto. Insultaría la inteligencia de los salvadoreños y de todos los que se tomen el tiempo para escuchar su discurso. No sería honesto de su parte el calificar como logro que solo las estadísticas de los últimos dos meses reflejen una disminución en la cantidad de homicidios.
Tampoco es un logro que el gobierno se tomara más de un año para definir una postura clara en relación a algunos temas sensibles y sea aún difusa en otros. El discurso y lenguaje del presidente y los funcionarios de seguridad, durante estos dos años, se caracterizaron por ser ambiguos y poco claros en relación a temas críticos y sensibles, como la negociación con los cabecillas pandilleros iniciada durante la administración de Mauricio Funes o la vinculación del vicepresidente Óscar Ortiz con una persona señalada por Estados Unidos como narcotraficante, por ejemplo. Hasta hace algunos meses, el Ejecutivo definió su postura en relación a “la tregua”, plegándose a las exigencias ciudadanas después de tanto tiempo despreciándolas. La situación es diferente con el caso de Ortiz. No es un logro que el Gobierno siga acobijando a funcionarios vinculados con criminales.
Solamente unos meses han transcurrido desde que el presidente fustigó a la periodista Paola Alemán por pedirle a David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad Pública y actual de Defensa, que rindiera explicaciones sobre las imágenes de mujeres bailando desnudas y teniendo relaciones sexuales con pandilleros al interior de centros penitenciarios. Independientemente de todo lo demás, solo este ataque es suficiente para descartar a la seguridad pública como un logro.
Es casi seguro que el presidente también hablará sobre la implementación de las medidas “extraordinarias” como un logro, aunque al final de cuentas éstas no sean tan extraordinarias. Muchas de ellas solamente compensan déficits de los que adolece el sistema de justicia penal por haber sido abandonado y no contar con una adecuada asignación de fondos por parte del Ejecutivo. No debe ser considerado un logro el haber puesto parches para cubrir errores que se pudiesen haber evitados o corregidos antes de llegar a esta situación.
El discurso del presidente podría ser otro ejemplo de cómo se utiliza el tema de seguridad con fines políticos. La actitud responsable y honesta de un mandatario genuinamente preocupado por la seguridad no debe de ser la de jactarse de logros inexistentes, sino pintar un panorama real de la crisis en seguridad y rendir cuentas sobre ello. Hasta que los políticos no dejen de utilizar la seguridad como comodín para lograr sus objetivos, no veremos esfuerzos reales o avances significativos y sostenibles.
*Criminólogo
@cponce_sv