El embajador de El Salvador en Alemania y exministro de Defensa general José Atilio Benítez Parada podría enfrentar un antejuicio en la Asamblea Legislativa que deberá de determinar si existen las pruebas suficientes para que sea procesado en los tribunales de justicia por la supuesta venta de armas ilegales, actos arbitrarios, tenencia y portación de arma de fuego y estafa.
La petición del antejuicio fue hecho ayer por el fiscal general Douglas Meléndez, quien sostuvo que “los hechos están enmarcados en el decreto legislativo 25 que entró en vigencia en mayo de 2009 que amparaba a los ciudadanos a legalizar armas”.
Agregó que “aprovechando eso, esta persona (Benítez Parada) legalizó 29 armas, entre cortas y largas, en el Registro de Armas que fueron registradas fuera del tiempo de ley, algunas eran armas utilizadas en la guerra”.
Meléndez aseguró que las investigaciones fiscales arrojaron que Benítez Parada ordenó la inscripción ilegal a su nombre y de terceras personas de 25 fusiles y carabinas; así como de cuatro pistolas en el Registro de Armas; aprovechándose de sus cargos de viceministro y ministro de Defensa.
Entre los fusiles que se legalizaron irregularmente figuran AK-47, M-16, AR-15, y hasta un Dragonov.
La mayoría del armamento que se logró matricular de forma ilegal provenía de los almacenes de guerra de la Fuerza Armada y también algunas que fueron decomisadas durante el conflicto armado que culminó con los Acuerdos de Paz en enero de 1992.
“Dirigió una red criminal que operaba desde la Dirección de Logística que se dedicaba a la comercialización de armas de fuego y armas de guerra inscritas irregularmente”, dijo Rodolfo Delgado, asesor del Fiscal General.
Señaló que en la organización participaban oficiales de la Fuerza Armada, notarios y particulares que vendían las armas con intenciones de lucrarse económicamente. Se investigan a estas personas, según Delgado.
El jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía Will Walter Ruiz explicó que por el momento las pruebas recolectadas durante las investigaciones involucran al general Benítez Parada, pero sostuvo que las indagaciones siguen, por lo que no descartó que podrían haber más personas capturadas.
Descartaron por el momento que otros militares de alto rango estén involucrados.
Funcionarios, exfuncionarios de Gobierno y personas consideradas de alto riesgo eran parte de las personas que compraron algunas de las armas, según los fiscales.
Ruiz aseguró que cinco de las personas que compraron algunas de estas armas pusieron la denuncia en contra del general Benítez y otras personas decidieron colaborar con las investigaciones con la entrega del arma que habían comprado.
Durante las investigaciones se determinó que para la legalización irregular de las armas se utilizaron documentación falsa como declaraciones juradas y escrituras públicas.
Los jefes fiscales explicaron que hasta el momento no se tienen indicios de que Benítez Parada les haya vendido armamento a las pandillas ni a ningún otro grupo criminal.
Benítez Parada, quien además representa a El Salvador ante República Checa, Polonia, y Turquía; aprovechó que el decreto legislativo 25 ya no estaba vigente para ordenarles a sus subalternos registrar armas de ilícita procedencia, para lo cual alteró documentos públicos, y otorgó declaraciones falsas, según Fiscalía.
El referido decreto transitorio fue aprobado el 21 de mayo de 2009 por la Asamblea Legislativa, con el cual se le permitía a las personas a legalizar las armas de fuego que tuviesen en su poder, sin que tuviesen la documentación de propiedad de las mismas.
Diputados piden investigar
El diputado de ARENA Mauricio Vargas sostuvo que este supuesto hecho de corrupción devela el nivel de debilidad institucional a la que se está llegando, “la pérdida de valores, y la fragilidad con la que se ven las cosas”.
Consideró que se tiene que investigar si la supuesta venta de las armas se hicieron cuando él era ministro de Defensa, “si recibió órdenes superiores, si fueron acciones personales, hasta se podría decir en un momento si le vendió armas a las maras, si les cambiaron otras, que se dice, toda esa situación tiene hipótesis y las hipótesis hay que comprobarlas”.
Agregó que la institución armada no puede cargar con todos esos problemas.
El diputado de Gana Guillermo Gallegos dijo que “lo interesante sería saber a quiénes se las vendió, hay que saber todo ese rastro, se le puede dar seguimiento. Si tiene relación con la tregua, él estaría muy mal, porque además del trafico ilegal se le puede acusar de asociaciones ilícitas”.
Gallegos explicó que “este capítulo de la tregua y más este agregado del exviceministro de Defensa abrirá más líneas de investigación que pueden desembocar en procedimientos contra otros funcionarios”.
Por su parte, el diputado por el partido de Concertación Nacional (PCN) Antonio Almendáriz sostuvo que “nadie está sobre la ley, tiene que aplicarse, quien quiera que sea la persona, solo así podemos combatir la impunidad venga de donde venga”.
Agregó que si el Fiscal General ha pedido el antejuicio es porque lo tiene sustentado con pruebas y si se le quita el fuero constitucional es para que pueda comparecer ante los tribunales comunes.