Durante ocho meses, la compañera de vida del agente Moris González, asesinado en agosto, ha viajado varias veces de Tecoluca, San Vicente, hacia San Salvador, para tramitar el cobro del seguro de vida.
“Eso me ha costado bastante; he viajado como tres meses solo para que me dejen citas para nada”, narra mientras se le escapa un suspiro.
Cuenta que ha tenido que vender algunos animales de los que cría para usar el dinero en las diligencias.
En algunos de esos viajes se ha coincidido con las viudas de otros agentes que tienen niños y percibe que la están pasado mal. A ella le consuela que los hijos que tuvo con González tengan 18 y 21 años.
Los tres se dedican a la siembra de frijol y maíz; además, un hermano que vive en el extranjero le ayuda económicamente a cambio de que le cuide de sus dos hijos.
“Si fuera dejada estaríamos peor, pero con mi hermana somos zapateras y nos andamos rebuscando. Si yo esperara lo que dicen (en la Policía) que van a dar…umm”, dice.
Ella cuenta que por no haber estado casada con González no ha sido beneficiada con el programa de ayuda económica para las viudas e hijos de policías asesinados, anunciado en agosto pasado. Espera que sus hijos sí puedan ser favorecidos con las becas de estudio que ha ofrecido la Cancillería.