Si la Asamblea Legislativa no elige pronto a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), varias organizaciones civiles acudirán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que deduzca responsabilidades por el retraso en los nombramientos.
Así lo advirtieron ayer representantes de Fusades, Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, indicó que si el Congreso no apresura la elección podrían interponer un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ para que deduzca responsabilidades por el atraso de nueve meses en la nominación de los funcionarios.
Castro exigió que en el nombramiento de nuevos miembros del CNJ no exista un “reparto político”, ya que estos serán quienes propongan a la Asamblea una parte de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema que serán electos en 2018.
“El nombramiento debe hacerse de acuerdo a los lineamientos que manda la Constitución”, dijo el representante de Fusades, refiriéndose a los parámetros de honradez y moralidad notoria, así como independencia de influencia partidaria. Castro también recalcó que este retraso es injustificable.
Sin embargo, diputados como Mario Tenorio, de GANA, expresan que Fusades no puede presionarlos con ese proceso pues lo que cuenta es que los partidos se pongan de acuerdo.
En cambio, Antonio Almendáriz, del PCN, vio positivo que Fusades acuda a la CSJ, pero pidió que el tanque de pensamiento especifique qué partidos son los responsables del atraso.
Las organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Comisión Política del Congreso urgiendo la elección y recordando la importancia del CNJ, ya que entre sus funciones debe nombrar y capacitar jueces.
“La omisión en elegir a estos funcionarios demuestra negligencia en el cumplimiento de los deberes que la Constitución asigna a los diputados y una clara violación a la Carta Magna”, reza el escrito.
René Fortín Magaña, presidente del IIDC, expresó que están “preocupados por los atrasos que existen para hacer nombramiento de funcionarios que son particularmente urgentes para la marcha de las instituciones de nuestro país”.
Y Carlos Guzmán Segovia, presidente de Fedaes, advirtió que las funciones de nombrar jueces, importantes en un país como El Salvador, “están diezmadas” debido a este retraso.