GUATEMALA. Colectivos sociales de Guatemala han convocado para el próximo sábado 11 a una nueva protesta en la capital del país contra la corrupción tras destaparse la pasada semana un nuevo escándalo que involucra al expresidente Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti.
La protesta, que se celebrará en el Parque Central, tiene como objetivo exigir la “depuración” del Congreso de la República, la devolución de lo robado y el fin del monopolio televisivo.
El pasado año, miles de guatemaltecos tomaron las plazas durante varios sábados para reclamar la renuncia del exbinomio presidencial involucrado en un caso de corrupción aduanera por el que actualmente se encuentran en prisión preventiva.
Esta nueva manifestación se convoca después de que la pasada semana se destapase un nuevo caso de financiación ilegal y lavado de dinero presuntamente dirigido por Pérez Molina y Baldetti.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) los señalan de haber creado desde antes de llegar al poder el 14 de enero de 2012, un “emporio criminal” para saquear al Estado.
De hecho, el comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, explicó el pasado jueves cuando se desarticuló parte de esta organización, que la red tejida por Pérez Molina y Baldetti habría recibido uno 500 millones de quetzales ($65.5 millones) en comisiones por otorgar más de 450 contratos.
Hasta ahora las autoridades han capturado a 27 personas, entre ellos dos exministros de Estado y un exdiputado.
Ayer, el juez Miguel Ángel Gálvez reprogramó para el próximo lunes la audiencia de primera declaración contra 49 implicados en el caso de saqueo al Estado, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, por falta de los medios de prueba para que los abogados realicen una defensa técnica adecuada de los sindicados.
Gálvez, que preside el Juzgado B de Mayor Riesgo, también argumentó falta de condiciones en la sala para celebrar la audiencia por el numeroso grupo de señalados en este caso en el que se les implica de delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y financiación electoral ilícita, entre otros.
El abogado de Pérez Molina, César Calderón, dijo que el MP sólo les había entregado un CD con información desordenada e incompleta que no era suficiente para defender a su cliente.
A esa petición se unieron la mayoría de abogados de los sindicados que asistieron ayer a la audiencia, de los 49 que según el MP estarían involucrado en el caso que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha denominado como “cooptación del Estado”.
“La condición en la que estamos no es la adecuada, ya lo puse en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, aquí no podemos trabajar”, argumentó el juez Gálvez para suspender la diligencia.