Un primer recurso de inconstitucionalidad de la aprobación de los $152 millones en bonos para financiar las medidas emergentes contra las pandillas, por parte de la Asamblea Legislativa el pasado 26 de mayo, fue presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La demanda fue presentada con fecha 6 de junio de 2016 por el ciudadano Herbert Danilo Vega Cruz, quien alega violación a la Constitución de la República, pues tras discutirse su aprobación en una sesión plenaria y no encontrar los votos suficientes, ese dictamen de la Comisión de Hacienda, tenía que someterse a votación hasta seis meses después de ese primer intento, y no cuatro semanas después como ocurrió cuando se aprobó con 84 votos de todos los legisladores.
“….El dictamen favorable número 123 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, no podía conocerse en la sesión plenaria ordinaria número 50 del 26 de mayo de 2016; sino, hasta después de haber transcurrido los seis meses exigidos por el art. 143 Cn., contados a partir del día siguiente del 28 de abril de 2016, en que se realizó la sesión plenaria ordinaria número 46”, donde se sometió a discusión y no se logró su aprobación, argumenta el demandante.
Dicho decreto fue avalado por los diputados a petición del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y tras ceder el FMLN a la condición de la fracción de ARENA, de que el destino de los $152 millones sean fiscalizados y se garantice que se van a invertir en las medidas extremas de seguridad.
“Por lo anterior, con el mayor de los respetos PIDO: Se me admita esta demanda de inconstitucionalidad, se me tenga por parte, en base a los argumentos y disposiciones legales arriba relacionados, se declare la inconstitucionalidad del Decreto legislativo número 388 de fecha 26 de Mayo de 2016, por la violación de los arts. 1, 2, 85, 86, 133 ord. 1º.,135 y 143 de la Constitución de la República de El Salvador…”, añade Danilo Vega, en su demanda.
El demandante pide también a la Sala de lo Constitucional “suspender los efectos legales del Decreto Legislativo impugnado de inconstitucionalidad”, mientras no se resuelve definitivamente dicho recurso.
Tras la presentación de dicho recurso de inconstitucionalidad, la Sala deberá analizar si el mismo reúne los requisitos de ley para decidir si admite o no la demanda.