La Cámara Segunda de lo Civil ha comenzado a analizar la documentación presentada por el expresidente Mauricio Funes con la que pretende desvirtuar las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, cuando fungió en el cargo entre 2009-2014, que le ha formulado la Fiscalía General de la República.
Las magistradas Concepción Alvarez y Rosa Margarita Romagoza no tienen un plazo estipulado para estudiar las pruebas de descargo presentadas por Funes, según Ulises Marinero, quien es el jefe de comunicaciones del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
Explicó que si las magistradas consideran que las pruebas no están bien sustentadas o hace falta documentación, le harían una prevención a Funes para que corrija las irregularidades en un plazo de 5 días hábiles.
Agregó que las magistradas estudian la información que le ha sido enviada por las cuatro instituciones de Estado a las cuales la Cámara les pidió documentación relacionada a las empresas supuestamente relacionada a Funes.
Marinero explicó que las cuatro instituciones a las que se les requirió información, ya presentaron sus respectivos informes a la Cámara con respecto a las empresas “Noticieros y Entrevistas S.A.”, Mass Media Consulting S.A.” y “Agrosuministros S.A.”.
Entre las instituciones que ya enviaron la información requerida se encuentra la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Registro de Comercio , Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca y Registro de la Propiedad Intelectual.
Con relación a la empresa Agrosuministros, Funes recibió la cantidad de 250,000 dólares en calidad de préstamo, pero esta compañía estaba inactiva desde el año 2011.
En ese sentido, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que la referida empresa no pudo haberle prestado esa cantidad de dinero a Funes porque no tenía el capital suficiente para ese préstamo, según la acusación fiscal.
Funes, su hijo Diego Roberto y la exprimera dama Vanda Pignato son procesados por un supuesto incremento patrimonial no justificado de 728,000 dólares, según la acusación fiscal.
La acusación en contra de Funes, su hijo y Pignato fue presentada por la Fiscalía a mediados de marzo pasado.
Entre las regularidades encontradas por la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se encuentra que Pignato saldó deudas sin percibir ingresos como Secretaria de Inclusión Social -cargo ad-Honorem-.
La Fiscalía señala que su hijo Diego Roberto adquirió un lote de vehículos durante el período presidencial de Funes por un monto de 118,600 dólares, cuyo dinero se desconoce su origen.
En esa oportunidad, la Fiscalía confirmó que existe una investigación penal contra Funes, ya que en la declaración patrimonial del exmandatario no se encuentran un lote de 85 armas registradas a su nombre. Otras de las irregularidades encontradas es el pago de deudas durante su período presidencial, sin relación a los retiros de sus cuentas bancarias que hiciera por 121,000 dólares.
Con la certificación de la documentación que han presentado las cuatro instituciones se busca demostrar que Agrosuministros nunca le hizo el referido préstamo a Funes, porque no tenía esa cantidad de fondos.
Si se comprueba esa situación, la Fiscalía estaría obligada a promover la acusación penal contra Funes por falsedad material.
En el informe de la sección de Probidad de la CSJ se destaca además que la sociedad Multimedia no genera los suficientes ingresos que le permitían cubrir los montos pagados a Funes, ya que las declaraciones de IVA del 2015 se reportan más valores en compras que en ingresos.
Otras de las irregularidades es que Funes habría pagado deudas durante su período presidencial, sin que justificara la procedencia de los fondos, según el informe de Probidad.