Dos de los tres oficiales de la Policía que son procesados por delitos ligados a la tregua entre las pandillas fueron delegados con goce de sueldo, viáticos y gastos de representación al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que trabajaran como “facilitadores y mediadores” del referido pacto junto a Raúl Mijango, quien también es procesado; y a monseñor Fabio Colindres.
En una carta con fecha del 10 de julio de 2012, enviada por el general Francisco Salinas, quien fungía como director de la Policía al entonces ministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés, le notifica que el subinspector policial Juan Roberto Castillo Díaz, ha sido comisionado por un período de un año a disposición de la referida cartera de Estado para que desempeñe las funciones que le sean asignadas, en este caso, como parte de los mediadores de la tregua entre las pandillas.
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En la misma misiva, Salinas le solicita a Munguía Payés que se “considere la posibilidad que los gastos de representación que se le asignaban al inspector Luis Alonso Aguilar Marín, cuando se desempeñó en comisión de servicio en ese Ministerio, se le otorgue ese beneficio al subinspector Juan Roberto Castillo Díaz”.
La comisión de servicio que les asignaron a Castillo Díaz y a Aguilar Marín era colaborar en el proceso de pacificación o tregua entre las pandillas, pero esta fue cancelada en octubre de 2013 por Rigoberto Plietéz, meses después de haber asumido la Dirección de la Policía, por orden del entonces ministro de Justicia Ricardo Perdomo.
Además, Castillo Díaz servía como un facilitador y mediador en la denominada tregua, de acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía, y fue así como tuvo acercamientos con los máximos cabecillas de las pandillas que se encontraban recluidos en el penal de Zacatecoluca.
Los oficiales de la Policía Aguilar Marín y Castillo Díaz, quienes son procesados por agrupaciones ilícitas e ingreso de objetos prohibidos a los centros penales, gozan de libertad condicional.
Lo que le llama la atención a la Fiscalía es que Castillo Díaz regresa a la Policía, después de varios años de estar inactivo, casi un mes antes de que las pandillas pactaron con el Gobierno de Funes que reducirían la violencia a cambio de recibir prebendas y privilegios en las cárceles.
Castillo Díaz reingresó a la corporación policial el 19 de febrero de 2012, pero 10 días antes ya había sostenido su primera reunión con cabecillas de las pandillas para comenzar a negociar la salida de 30 jefes de esos grupos del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz.
Al reingresar a la Policía, Castillo es destacado en el Centro de Inteligencia Policial (CIP), dirigido en esa fecha por el comisionado Oscar Aguilar, quien también está siendo procesado por agrupaciones ilícitas.
En la acusación de la Fiscalía en el juzgado se ha logrado establecer que Castillo Díaz recibió vehículo, combustible, teléfono celular con saldo, y pago de viáticos con fondos de la Inteligencia Policial.
Precisamente por haberle otorgado a Castillo Díaz todos esos recursos en detrimento de la corporación policial, para que se involucrara en la tregua pandilleril es que el comisionado Oscar Aguilar está siendo procesado.
Cuando Castillo Díaz es comisionado al Ministerio de Justicia y Seguridad, donde se le asigna la tarea de ser el asistente de Raúl Mijango, a quien se le atribuye ser uno de los principales mediadores de la tregua.
Sin embargo, el subinspector Castillo nunca se desvinculó del CIP porque siempre ocupaba auto, combustible, celular con saldo que correspondía a esa unidad policial; además de recibir su salario mensual.
Fiscalía le atribuye a Castillo Díaz y a Raúl Mijango, haber ingresado celulares, cigarrillos, televisores, y otros enseres o accesorios a distintos penales, los cuales han quedado documentados en los libros de ingresos, según Fiscalía.
Oficiales PNC comienzan acercamientos con pandillas
Éstos dos oficiales de la Policía, Castillo Díaz y Aguilar Marín, coordinaron y participaron en los primeros acercamientos del Gobierno de Mauricio Funes y los cabecillas de las pandillas que estaban recluidos en el penal de Zacatecoluca, detalla la acusación fiscal.
Las investigaciones fiscales detallan que ellos se reunieron en ocho oportunidades con cabecillas de pandillas entre el 9 de febrero y 2 de marzo de 2012 en el penal de Zacatecoluca con la anuencia de las autoridades penitenciarias de ese entonces.
Se presume que las reuniones eran para negociar la salida de los 30 cabecillas de pandillas del penal conocido como Zacatraz a otros reclusorios con controles menos rigurosos a cambio de recibir prebendas y privilegios en las cárceles para reducir los homicidios.
La información recabada por la Fiscalía apunta a que los dos inspectores de la Policía ingresaban a cualquier penal sin pasar por los controles que regula la ley, lo que generó un caos y además de vulnerar los sistemas de seguridad del sistema penitenciario.
El día 17 de febrero regresaron a Zacatraz, pero acompañados de Raúl Mijango y de monseñor Fabio Colindres, para reunirse con los cabecillas.
Al día siguiente, Castillo y Aguilar volvieron solos al penal para reunirse con cabecillas de pandillas.
Cuatro días después, el inspector Aguilar Marín llegó a Zacatraz para reunirse con Elmer Canales, quien es cabecilla de la mara Salvatrucha (MS). Al día siguiente (23 de febrero) continuaron las reuniones de los dos oficiales de la Policía con los jefes de las pandillas en el penal de Zacatecoluca. Estos acercamientos se reanudaron el 2 de marzo, siempre en el referido reclusorio, solo que esta vez, los oficiales llegaron acompañados de Mijango y monseñor Colindres.
Seis días después, la madrugada del 8 de marzo, llegó Mijango, monseñor Colindres y Castillo Díaz para coordinar el traslado del primer grupo de los 30 cabecillas de pandillas que fueron trasladados a penales con controles menos rigurosos.
Por la tarde de ese mismo día, el inspector Aguilar Marín se presentó al penal de Zacatecoluca para reunirse con otro grupo de jefes de pandillas.
Las autoridades penitenciarias de Zacatecoluca manifestaron a la Fiscalía que desconocían sobre la temática que trataron durante esas reuniones porque no les permitían que los custodios del mismo se acercaran demasiado al lugar donde estaban.
Otras de las atribuciones que le señalan a los dos oficiales es que participaron en las coordinaciones y traslado de las armas de fuego, la mayoría de las cuales en mal estado, que habían entregado los pandilleros.
En otra ocasión, Castillo Díaz llegó el 23 de septiembre de 2012 al penal de Zacatecoluca, pero esta vez acompañado de Rubén Antonio Rosa Lovo, a quien la Policia le atribuía ser uno de los principales cabecillas de la mara Salvatrucha en el centro de San Salvador. En esa oportunidad se reunieron con varios reclusos, a quienes le llevaron 138 pizzas de ocho piezas cada una, 139 cajas de palitroques con cinco cada una y 360 gaseosas.
El 5 de abril de 2013, a Castillo lo sorprendieron cuando llevaba cargadores y munición para arma de fuego al intentar entrar al penal de San Vicente a reunirse con los reclusos.
Otra vez fue descubierto con varias porciones de droga al querer entrar ca otro penal. La Fiscalía señaló que desconoce si en los dos casos le hicieron algún procedimiento interno para deducir responsabilidades del oficial de la Policía. Además, Castillo ingresó a un penal no menos de dos ocasiones con un maletín negro, el cual nunca se lo registraron por “órdenes superiores”, según el libro de novedades del reclusorio.