“Me incomoda mucho que se establezcan límites al trabajo que los medios realizan cuando los periodistas juegan un rol crucial en la transparencia”, dijo el académico salvadoreño Óscar Pocasangre a El Diario de Hoy.
Pocasangre es candidato a un doctorado en ciencia política de la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York, y ha dedicado parte de su vida académica a estudiar el impacto de la transparencia y el acceso a la información pública en la gobernanza de los países, especialmente aquellos con instituciones débiles.
En su opinión, el rol de investigación, denuncia y difusión que juegan los periodistas fortalece a las instituciones, pues permite arrojar luz sobre las principales falencias de la administración pública y mejorarlas.
“Esconder los defectos de la administración es inútil”, afirma y considera que esto sucede pues los funcionarios viven constantemente pensando en clave electoral, discutiendo sus logros exclusivamente y pretendiendo dejar de lado cualquier deficiencia que pueda existir.
Pocasangre explica que en países como México, el cual ha estudiado a profundidad, los más grandes escándalos han sido ventilados y dados a conocer gracias a periodistas investigativos que se apropiaron de herramientas de acceso a la información.
Entre ellos, señala el caso de una cadena de supermercados que pagó hasta $24 millones en sobornos para agilizar trámites y burocracia, obtener permisos de construcción y saltarse trabas medioambientales. “No fue sino hasta que un grupo de periodistas del New York Times lo investigó que se pudo conocer la verdad detrás de estas prácticas”, indica.
También menciona el caso de la famosa “Casa Blanca”, la residencia de lujo del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Gracias a solicitudes de acceso a la información se pudo conocer la verdad detrás de quién construyó el inmueble y el tipo de seguridad con el que se resguarda esta propiedad.
Pocasangre explica que conocer este tipo de casos empodera a la ciudadanía, pues le permite tomar mejores decisiones a la hora de considerar opciones en una democracia.
“Hay evidencia de que entre más informados están los ciudadanos, proceden a votar por políticos menos corruptos. Hay muchos estudios que demuestran el vínculo entre información del rendimiento de los políticos al manejar fondos públicos y el comportamiento electoral”, señala.
Agrega que la información que trasciende sobre casos de corrupción es uno de las factores que más motivan el voto de castigo.
“La información ayuda a mejorar la calidad de los políticos, aumenta la gobernanza, saca a los corruptos y mejora los servicios públicos”, reitera el politólogo.
El reto de los institutos de acceso a información
Según Pocasangre, una pregunta de fondo en un sistema democrático es cómo lograr que el gobierno esté controlado, especialmente cuando el organismo garante del acceso a la información es un ente público.
“A los gobiernos no les conviene revelar información de sí mismos. Para ello, es clave que existan institutos autónomos, que no dependan de nadie y que cuenten con los recursos necesarios para desempeñar su función”, explica el analista.
A su juicio, en la asignación de recursos a un instituto garante del acceso a la información existe una poderosa llave para controlar el alcance de su trabajo. Por ello, añade que lo ideal es que estas instancias es que el presupuesto sea asignado y aprobado tras un proceso formal y no de manera antojadiza. “Deben evitarse mecanismos que podrían cambiarse caprichosamente de un día para otro”, apunta.
También indica que es importante elevar a nivel constitucional el derecho de acceso a la información pública y los mecanismos que le dan operatividad, pues de esta manera es más complicado que se pretenda, desde leyes o reglamentos, limitar el impacto de este derecho o establecer restricciones arbitrarias a los ciudadanos que pretendan conocer más de la función pública.
Sobre este tema, en El Salvador el derecho de acceso a la información pública está constitucionalmente protegido desde el 5 de diciembre de 2013, cuando la Sala de lo Constitucional así lo decretó. Según Óscar Pocasangre, este es un gran avance.
Transparencia dinámica
Para el académico, la transparencia tiene diferentes niveles y el cumplimiento de los mismos puede diagnosticar qué tan avanzado está un país en esta materia.
Por un lado, menciona que está la transparencia activa, la cual supone la información oficiosa, es decir que debe estar a disposición de los ciudadanos aun si no la han solicitado. Esto incluye, entre otros datos, los salarios de los funcionarios, listados de asesores, hojas de vida, presupuesto de una institución, gasto de viaje y plan de trabajo.
Después de este nivel básico de transparencia, agrega que existe la información pública que puede ser conocida mediante solicitudes directas a una institución en particular.
“Esto puede incluir los datos de cuánto costó un proyecto en particular, pero también se puede acceder a los resultados de una política de manera retroactiva. También puede haber transparencia de procesos o diseño de políticas públicas”, comenta.
Finalmente, pone énfasis en la importancia de la transparencia dinámica que, a su juicio, se logra cuando la información que los ciudadanos han solicitado y ha sido concedida se va agregando a las bases de información oficiosa. “Con aportes de todos los ciudadanos crece el volumen de datos disponibles”, explica.
Además, para que este derecho esté consolidado en El Salvador, Pocasangre considera que debe haber una mejor gestión de archivos, asignarse recursos adicionales al IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), establecer plazos más cortos para respuestas negativas, efectuar auditorías del contenido de la información entregada (calidad, legibilidad, etc.) y mejorar los parámetros sobre qué tipo de información puede ser clasificada como reservada o confidencial.