El expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, salió bien librado de las cuatro denuncias en su contra presentadas ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), pues según su presidente, Marcel Orestes Posada, el exdiputado actuó con apego a la legalidad.
Los cuatro procesos que enfrentó el también dirigente del FMLN son: promover un decreto legislativo del que se benefició la esposa de su socio y entonces asesor legislativo; la compra de terrenos estatales a bajo precio, la compra de regalos y gasto oneroso en fiesta con fondos públicos y contratar Byron Larrazábal, su socio, como su asesor.
Las decisiones del TEG a favor del ahora presidente del Organismo de Promoción de Exportaciones (Proesa) son cuestionados por el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, para quien el TEG “se ha encargado de maquillar la corrupción” en vez de velar por el combate a las malas prácticas de los funcionarios estatales (ver nota aparte).
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En el último caso en que se le absuelve es el referente al decreto legislativo 677 emitido y aprobado en mayo de 2014, con el cual se benefició a la esposa de su socio y a otras personas que lograron recuperar los terrenos que les habían sido embargados por no poder cancelar la deuda para reforestar grandes parcelas.
Con dicho decreto, que Reyes promovió, se facultó al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (Fosaffi) para que les vendiera las propiedades a sus antiguos dueños.
En este hecho, el TEG no encontró nada irregular. El presidente del Tribunal argumentó que ante el señalamiento de que “la emisión de un decreto legislativo supuestamente favorecía a la esposa de este socio” se determinó , que “se había divorciado hace diez años, ya no era su esposa y no podía ir destinada esa ley a la esposa de este señor”.
Añade que el decreto tenía un alcance general y por eso la señora se vio beneficiada, por lo cual no considera que el caso deba seguir siendo analizado por el TEG.
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Varios ciudadanos en diferentes ocasiones se acercaron al TEG para pedir que se investigara a Reyes por presunta violación a la ética.
La primera denuncia fue por los gastos onerosos en que incurrió la Asamblea Legislativa, bajo el mando de Reyes, al realizar una fiesta en diciembre de 2012 para los empleados y por la compra de corbatas y pulseras para los 84 diputados, lo que propició un gasto por $92,437.84.De estos, $13,245 se destinaron a la compra de licor.
Además se gastaron $15 mil en obras de arte, todo con fondos provenientes de los contribuyentes al fisco.
Al respecto, cuatro de los miembros del TEG y con el voto disidente y razonado de Jennyffer Giovanna Vega Hércules, se absolvió a Reyes.
“Nosotros profundizamos el caso y encontramos que todo lo hicieron en la Asamblea con absoluto apego a la normativa que rige ahí, de manera que nosotros no podemos violar el principio de legalidad, encontramos que todo lo que hicieron está legalmente permitido”, dijo el titular del TEG.
Una tercera denuncia contra Reyes fue la contratación de Byron Larrazábal como su asesor en el Congreso cuando también era su socio en varias empresas comerciales.
Este caso tampoco prosperó en la institución que fue creada en el 2006 para velar por la actuación con apego a la ética y la moralidad de los funcionarios y empleados públicos.
Según Posada, el artículo 6 letra a) de la Ley de Ética Gubernamental prohibe contratar a una persona siendo socia del funcionario con quien laborará, pero que en el caso de Larrazábal fue al revés.
“Fíjese cómo es la ley: primero tiene que ser socio y después nombrarlo. (En este caso) primero fue nombrado, asumió el cargo y pasado cierto tiempo Sigfrido Reyes se asoció con este señor”, fue la explicación que dio Posada.
Uno de los objetivos del TEG es, según su misma ley orgánica es: “normar y promover el desempeño ético en la función pública; salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de las y los servidores públicos, que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción”, según reza el artículo 1.
Sigfrido Reyes también fue denunciado por la compra a precios bajos de cinco terrenos propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) en Nuevo Cuscatlán, a través de la sociedad Terrein S.A. de C.V. (la cual es administrada por Larrazábal) cuando ambos ya trabajaban en la Asamblea. El valor de los terrenos alcanzó los $440 mil 501 y fueron cancelados al contado.
Los entonces legisladores por ARENA, Mariella Peña Pinto y Mario Valiente (ya fallecido), denunciaron este caso y pedían que se investigara si Reyes utilizó sus influencias como titular del Congreso para dicha transacción, así como el origen de los fondos para esa compra.
Sin embargo, el TEG tampoco encontró irregularidades en esa compra del entonces diputado y su socio.
“Nosotros recibimos de parte del Ipsfa toda la información, incluyendo la tabla de precios. Había una lista de precios que era resultado de las condiciones particulares de cada lote: de primera, segunda, tercera y de última categoría, a la cual pertenecían aquellos lotes que estuvieran cerca de fuentes de bullicio a la orilla de la calle o que tuvieran una irregularidad notable”, explicó Posada.
“Hay una gran zanja, es decir, el Ipsfa nos informó las razones por las cuales le había aplicado el precio que habían establecido previamente en su normativa que databa de mucho tiempo. Cómo íbamos a sancionar (a Reyes), hubiéramos también que sancionar a los directivos del Ipsfa por violar sus propios estatutos, pero no, le aplicaron la tarifa que está contemplada en su normativa”, alegó el presidente del TEG.
Reyes siempre defendió sus actuaciones como estas por las que fue cuestionado, e incluso afirmó de que se orquestaba un “ataque” a su honor y credibilidad.
Sobre la compra de los terrenos, por ejemplo, dijo que el dinero que usó para ello provenía de sus ahorros de su familia y que lo erogado para la fiesta y regalos había sido menor a la que se había difundido.
Cuatro casos y un fallo
Aunque el presidente del TEG aseguró que ya todos esos casos están concluidos y sin sanción contra Reyes, solamente un caso llegó hasta la fase final; es decir, hubo una resolución definitiva. Los otros tres casos no culminaron el proceso y se quedaron a medio camino, pues el TEG los declaró improcedente.
Lo anterior se desprende de la explicación que dio el oficial de información del TEG, Wilber Colorado, al requerir EDH las copias de las resoluciones de los cuatro casos. Explicó que no todos los casos tuvieron una resolución final, pues algunos fueron declarados “improcedentes” por los miembros del TEG.
Por esa razón el oficial de información solo proporcionó la copia de la resolución sobre los gastos en la fiesta, licores y regalos navideños que aprobó Reyes en 2012, pues explicó que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), avala dar información de manera oficiosa cuando se trate de resoluciones finales. Los otros tres casos, aseveró, contienen información de acceso al público, pero debían de solicitarse por escrito y como manda la LAIP, lo cual así se hizo, pero se está a la espera de la respuesta.
Funde: “El TEG es un tribunal que no sirve para nada”
El director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, cuestionó duramente las decisiones del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de eximir de responsabilidad al expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, en los cuatro casos.
“El Tribunal de Ética más bien se ha encargado de maquillar la corrupción en lugar de enfrentarla, porque no hay hasta ahora ningún caso que pareciera que ellos hayan resuelto diciendo que hay un conflicto de interés o hay problemas con la ética, sino que para ellos la ética no existe”, manifestó Rubio, también representante de Transparencia Internacional.
No es la primera vez que la actuación del TEG es duramente cuestionada por algunos organizaciones de la sociedad civil que velan por la transparencia y el combate a la corrupción. Ya en anteriores ocasiones, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y Aliados por la Democracia se han sumado a las críticas contra las decisiones del TEG.
“Uno se pregunta si hay un problema de ética cuando se contrata de asesor al socio y luego los casos de las ventas de terreno que hay ahí, evidencias que apuntarían a un serio problema de interés. Me parece que el Tribunal está desprestigiando la ética en este país con estas resoluciones”, dijo Rubio, también representante de Transparencia Internacional.
Inclusive, en varias ocasiones estas organizaciones como Funde y tanques de pensamiento han planteado que el presupuesto de este Tribunal debería de destinarse a áreas donde más se necesita, como es la salud o la educación.
“Yo creo que los ciudadanos estamos gastando el dinero en un Tribunal que no sirve para nada, más bien o lo cierran o lo reestructuran porque son justamente parte de esta práctica, que más bien trata que los problemas éticos no salgan a flote”, afirmó Rubio tras conocer el último fallo del TEG.
El monto destinado para el TEG, es de $2.3 millones, según el Presupuesto General de la Nación 2016.