La Asociación Azucarera de El Salvador y la Policía Nacional Civil firmaron un convenio para expandir la seguridad entre los productores de caña del país y las familias que habitan en las zonas donde se hace este cultivo.
La Corporación delegará a 150 policías rurales y de seguridad pública para hacer esa función. Mientras que los empresarios les facilitarán motos, vehículos, radio comunicadores y combustible.
Esta alianza, según los firmantes, tendrá vigencia hasta mayo de 2019.
Actualmente, la Policía brinda seguridad a los cañeros que trabajan en 78 cantones de 16 municipios de La Libertad, La Paz, San Vicente, San Salvador, Cuscatlán y Chalatenango.
“Llegaremos a ocho departamentos, 30 municipios y 169 cantones con esta cobertura de seguridad”, sostuvo Howard Cotto, director de la Policía.
El funcionario explicó que la misión de los policías no solo es tener el control territorial en esas zonas agrícolas, sino también investigar los hechos delictivos que se cometan y hacer trabajo preventivo con las comunidades.
Según Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera, la entidad invierte 1.2 millones de dólares al año para apoyar con diferentes recursos a los agentes que protegen al gremio.
“Agradecemos el apoyo de la Policía porque gracias a ellos hemos logrado controlar la delincuencia en esas zonas productivas para el país”, expresó Salaverría.
Seguridad es vital para reactivar el agro
En la firma del convenio participaron el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal; el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el ministro de Economía, Tharsis Salomón López.
Cardenal manifestó que con el acuerdo se está tratando de cooperar con los esfuerzos que hace la Policía para dar seguridad a las familias que viven de cultivar la tierra y dejó entrever la esperanza de que se reactive el agro en el país.
“En la medida en que exista mayor seguridad, más gente podría estar considerando volver a migrar al campo a realizar actividades productivas”, dijo el presidente de la empresa privada.
En la misma línea, el vicepresidente de la República señaló que en la medida en se mejora el clima de seguridad en la zona rurales eso permite potenciar el tema de las inversiones y las actividades económicas.
En marzo pasado, la Federación de las Asociaciones de Productores de Caña de Azúcar denunciaron que de los 45 millones de dólares que, según el gremio, perdió por distintos factores en esta última zafra, unos 18 millones fueron a causa del accionar de las pandillas.
En esa ocasión, el presidente de la federación, Joel Bonilla, dijo que en la última zafra pagaron 1.5 millones de dólares en extorsiones, sin contar los chantajes que no fueron denunciados por otros afectados por temor a represalias.
Además, registraron un incremento de quema de cañales en La Paz, San Vicente y Usulután. Estos hechos, a decir de los agricultores, habrían sido cometidos por pandilleros que no recibían dinero.
Sin embargo, la fuente matizó que anteriormente pagaron 2 millones de dólares a los delincuentes y atribuyó la reducción al efectivo trabajo de la Policía Rural.