Alcalde de Apopa negoció con maras subir cuota a vendedores

Pago de vendedores en Apopa habría subido $0.25 centavos, tras ese acuerdo

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El Juzgado Antimafia de Instrucción B envió a prisión provisional a José Elias Hernandez, alcalde de Apopa y 31 más mientras son procesados por homicidio agravado y asociaciones terroristas.

/ Foto Por Jorge Reyes

Por Jaime López

2016-06-10 5:57:00

El alcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández negoció a fines de 2012 con miembros de la pandilla 18 incrementar en veinticinco centavos de dólar el impuesto que pagaban los vendedores del mercado central y la calle Quirino Chávez. 

La medida surgió como parte de la negociación que el cabecilla de la Clica Tanys Locos de ese municipio tuvo con el alcalde Hernández Hernández, que consigna en el documento de acusación que presentó la Fiscalía ante el tribunal especializado que ventila el caso.

La decisión tenía como propósito frenar que los pandilleros impusieran renta o extorsión a los comerciantes de Apopa, a lo cual inicialmente el edil se opuso, según manifestó el Tanque, uno de los implicados que se convirtió en testigo de la Fiscalía.

Pero el alcalde no solo favoreció a los pandilleros, a cambio de los ingresos que les haría llegar, debían asumir una serie de compromisos con él:  como que los integrantes del la pandilla 18 y sus familias debían votar por  Hernández Hernández a fin de alcanzar su reelección, a no cometer homicidios ni robar en el centro del municipio, según se apunta en el requerimiento.

La demanda del edil buscaba  cumplir con una de las promesas que había hecho a la población de reducir la violencia, además de convertir Apopa en “santuario de  paz”, una estrategia que impulsó el anterior Gobierno de Mauricio Funes. 

Además el alcalde pidió a los pandilleros que entregaran parte de sus armas como mecanismo de pacificación.

Pero las relaciones de las maras  en Apopa no fueron parejas,  en noviembre de 2013 integrantes del Cuerpo de Agentes Municipales lesionaron de bala a un pandillero (al Slow) que había matado a u rival de la MS. El pandillero de la 18 murió después.

Según un testigo le contó a la Fiscalía, esto no gustó a los pandilleros, quienes en venganza habían decidido atacar con fusiles a los agentes del CAM y atentar contra el alcalde. “Ya que había que ponerle paro a los agentes del CAM”, dijo uno de los cabecillas.

Sin embargo, el “Shory”, uno de los sujetos con poder en la pandilla abogó por el alcalde de no matarlo porque les estaba colaborando.

Para saldar la cuenta de la muerte de Slow, se reunieron con el edil con quien negociaron que les concedería una de sus ambulancias para transportar armas, drogas y cuando cometerían homicidios, siempre que fuera necesario, detalla el documento fiscal. 

Según la acusación, supuestamente el edil Hernández dio la orden al jefe del CAM para que no se metieran con los pandilleros, aunque vieran que mataran a cualquier persona, porque ese era un acuerdo entre él y los mareros, le dijeron los testigos a la FGR.

El 21 de noviembre de 2013 los pandilleros se reunieron  y   dieron a conocer los acuerdos alcanzados con el alcalde.

Unos de esos acuerdos era que les proporcionarían vehículos municipales siempre que fuera necesario,  que el alcalde había entregado el dinero del incremento a la tasa municipal que pagaban los vendedores y que la mara no provocaría problemas durante las fiestas patronales de Apopa.

El testigo también establece que las reuniones de los pandilleros con el alcalde se realizaban en la segunda planta del palacio municipal.

Recuerda el testigo fiscal, que en una ocasión el jefe del CAM ayudó a fugarse a un sujeto que se había escapado de las bartolinas en momentos que la Policía lo buscaba en la colonia Miramundo.

Ese mismo día, los pandilleros se encontraban reunidos cuando llegó la Policía, los detuvo pero solo los fichó y los dejaron libres.

La audiencia

El Juzgado Antimafia de Instrucción de San Salvador resolvió este viernes enviar a prisión provisional  al alcalde José Elías Hernández Hernández y a 31 sujetos más por los delitos de homicidio agravado y asociaciones terroristas.
Aunque fueron acusados por  amenazas con agravación especial, violencia intrafamiliar, portación ilegal de armas de fuego e infracción en registro de control de bienes culturales, la jueza Antimafia se declaró incompetente para conocer estos delitos y remitió el proceso a los juzgados correpondientes.
“Hemos encontrado documentos que  se van analizar y que se confrontarán peritajes contables, auditorías que se solicitará a las instancias correspondientes con el propósito de verificar la información del caso”, explicó el fiscal.