Atilio Benítez rechaza acusación fiscal de registro y venta de armas ilegales

FGR asegura que el embajador en Alemania y exministro de Defensa; y otros altos oficiales alteraron documentos para aprovechar decreto para matricular armas de fuego. Benítez dijo ayer que es inocente y que regresó al país para aclarar su situación jurídica.

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Este día un militar dio fe que 5 armas que la FGR le atribuye a Benitez están en el museo del Estado Mayor desde 2012.

/ Foto Por Archivo

Por Gabriela Tobar/David Marroquín

2016-06-10 7:58:00

De forma sorpresiva, el embajador en Alemania y exministro de Defensa José Atilio Benítez retornó la noche del jueves pasado al país para ponerse “ a disposición del señor fiscal y diputados de la Asamblea Legislativa para cualquier consulta que haya hacia mi persona”.

Ayer tarde, Benítez ofreció unas breves declaraciones en las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores en las que aseguró ser inocente de las acusaciones que le ha formulado la Fiscalía y que decidió retornar al  país para desvirtuar todos los señalamientos en su contra, que según él, no son ciertos.

 “Estoy aquí para enfrentar este caso, soy el primer interesado en que el caso se resuelva y he tenido que pedir mi permiso, mis vacaciones y estar aquí en El Salvador para enfrentar esta situación y cualquier otra consulta la podrían hacer a los abogados”., dijo.

El funcionario dijo que “he venido a poner mi cara y resolver esta situación. A conocer de lo que se me imputa y a demostrar que lo que se dice no es cierto… (Y que es) por supuesto inocente”.

Aseguró que demostrará que todo lo que la Fiscalía le ha señalado es falso, aunque sostuvo que no quería entrar en polémica con ninguna institución.

Horas antes, el canciller Hugo Martínez dijo que “hay que esperar si procede antejuicio contra Atilio Benítez para determinar su destitución como embajador”.

FGR: Benítez creo red para matricular armas ilegales

La Fiscalía asegura en su petición de antejuicio ante la Asamblea Legislativa que Benítez conformó una red en la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa para matricular armas de fuego de forma ilegal y luego venderlas.

   Para matricular al menos 29 armas de fuego, entre fusiles y pistolas, el general Benítez y sus “colaboradores” habrían manipulado las fechas en la documentación de solicitud de registro para acogerse a un decreto legislativo por recomendación de un abogado y militar de la Dirección de Logística, según FGR.  Este decreto le facilitaba a las personas que pudiesen registrar las armas de las que no tenían documentos para demostrar la propiedad de las mismas.

Todo comenzó aparentemente de forma circunstancial en marzo del 2010, cuando Benítez, quien en ese entonces se desempeñaba como viceministro de Defensa, le comentó al entonces director de Logística del Ministerio coronel Salvador Alfredo González Quezada, que gestionaba el cargo de embajador en Alemania, pero que no quería dejarle “problemas a su familia, debido a que tenía muchas armas de fuego en su casa y que necesita empezar a vender algunas de éstas”.

González Quezada le preguntó qué tipo de armas eran, a lo que respondió Benítez que le habían regalado varias armas, entre revólveres, pistolas y fusiles.  Benítez sostuvo que las quería legalizar a través del decreto legislativo transitorio que había sido aprobado el 25 de mayo del 2009.  Este decreto pretendía facilitar a las personas que poseían armas sin demostrar su propiedad y que no estaban registradas, legalizar sin este requisito, toda vez que comprobaran de que las habían adquirido legalmente. Pero este decreto solo tuvo 45 días de plazo y así las personas se evitaban incurrir en responsabilidad penal.

Fue entonces en que el coronel González Quezada le recordó al general Benítez que ese decreto ya había expirado por lo que le era bien difícil registrar las armas. Sin embargo,  le dijo que él iba hablar con el jurídico de la Dirección de Logística a quien identificaron como el coronel Lemus Cortés,  para ver que se podía hacer, ya que el referido decreto ya no tenía vigencia.

Al consultarle al coronel Lemus Cortés sobre la inquietud del general Benítez, Lemus Cortés le recordó que había vencido el período para acogerse al decreto, pero  le planteó una opción: que Benítez ordenara que se realizaran las solicitudes con fechas de vigencia del decreto para poder matricular las armas.

Dicho y hecho. Entonces, Benítez le dió la orden de inmediato  a  González Quezada para que hiciera los trámites de legalización de tres armas de fuego que no estaban matriculadas en el Registro de Armas.

Estas tres armas fueron registradas a nombre de un teniente que era el asistente del general Benítez, otra a nombre de un teniente coronel que era su secretario ejecutivo y del coronel González Quezada. Ésta última arma tenía borrados los números de serie.

Después de que se legalizaron las tres pistolas sin mayores problemas, entonces, las matrículas irregulares de las armas y luego las ventas de las mismas  “se volvieron una orden constante del general Benítez, quien solo le daba las armas al declarante y se refería con la expresión proceda con esta”, dice el documento fiscal en poder de diputados.

 Bajo esa modalidad se matricularon de forma irregular la cantidad de 29 armas de fuego, entre fusiles, pistolas y revólveres, según la investigación fiscal.

Posteriormente, Benítez  separa al teniente coronel Lemus Cortés como jurídico de la Dirección de Logística porque habría considerado que “entorpecía la aplicación del decreto veinticinco”.

Semanas después fue nombrado el abogado y teniente José Arístides Figueroa, quien cumple una condena de 7 años de prisión por comercio ilegal y depósito de armas de fuego. La condena le fue impuesta por el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador.

Figueroa comenzó sus labores y se ganó la confianza de Benítez y el coronel González Quezada, quien ha pesar de haber sido procesado judicialmente en dos ocasiones nunca ha sido condenado porque se acogió a colaborar con la justicia, es decir, lo que la ley penal describe como “testigo criteriado”.  

Para  vender las armas matriculadas de forma ilegal, contactaron con un tramitador frecuente del Registro de Armas llamado Alonso Courtade.  Le explicaron que algunas de las armas estaban matriculadas a nombre de González Quezada y de otras personas, pero que realmente eran de Benítez, quien era el que fijaba el precio de las armas.

Si las podía vender a un precio mayor del fijado por Benítez, entonces esa diferencia de dinero sería su comisión. 

También Figueroa, quien era el jurídico de Logística, comenzó a buscarle  clientes a las armas del exministro, para ganar alguna comisión por la venta.