El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y su concejo municipal fueron demandados ayer por cinco exempleados que no han sido reinstalados en sus puestos como lo ordenó el 11 de diciembre de 2015 la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Los afectados pidieron a la Fiscalía General de la República que tramite la demanda por los delitos de discriminación laboral, coacción al ejercicio de la libertad sindical; atentados relativos al derecho de asociación y reunión, actos arbitrarios y desobediencia.
La Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió como medida cautelar que la Alcaldía de San Salvador reinstalara a los despedidos “inmediata y provisionalmente mientras dure la tramitación de este proceso”.
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Además, decretó que los afectados debían ser reincorporados para realizar las funciones que hacían antes de ser despedidos.
También le ordenó a la comuna que se abstuviera de delegar en las plazas de trabajo que tenían los despedidos a otras personas.
Unos 300 despidos en administración Bukele
Los demandantes fueron destituidos de sus cargos por un acuerdo del concejo municipal emitido durante la sesión extraordinaria del 29 de octubre de 2015.
El 6 de enero se presentaron a la comuna con la orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo para que fueran reinstalados pero, según ellos, Julio Rosales Campos, subgerente legal de la comuna, les dijo que no lo harían.
La razón, según lo que les dijo, era que la municipalidad había apelado en la referida Sala y esperaban la respuesta.
En esa ocasión, el sindicato informó que durante la gestión de Bukele han sido cesadas unas 300 personas.
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Entre los exempleados que presentaron ayer la demanda en el Ministerio Público están Ana Celis Henríquez de López, Mayra Yanira Benítez y Jimmy Mauricio Ramos.
Henríquez trabajó seis años en la alcaldía como gestora de desarrollo comunitario en el Distrito 3 de la comuna.
Mientras que Ramos desempeñaba el cargo de colaborador técnico del departamento de Desarrollo Local. Laboró en la institución desde 1983.
Según la demanda que él presentó en la Fiscalía, actualmente es secretario de organización del Frente Sindical de Empleados Municipales de la Alcaldía de San Salvador.
Dicho cargo lo asumió el 8 de octubre pasado y que deberá ejercerlo hasta el próximo 11 de julio.
Ramos argumentó que el artículo 47 de la Constitución de la República establece que los miembros de las directivas sindicales, durante su periodo de elección y mandato, y hasta después de un año de haber concluido sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamentetrasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo.
Esta protección Constitucional, sostuvo el exempleado, se desprende de los compromisos que El Salvador ha suscrito por medio de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
“Es lamentable que en el país todavía se cometan conductas de odio por razones de carácter sindical, como es el caso contra de mi persona, que por medio de un fraude de ley…violentando el fuero constitucional del que gozamos los dirigentes sindicales fui despedido de la Alcaldía”, dijo Ramos.
El pasado 17 de mayo, el Sindicato de Empleados y Empleadas Municipales de San Salvador (Seemas) denunció ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al alcalde capitalino por nepotismo (dar cargos públicos a familiares).
El secretario general del sindicato, Arturo Rodríguez, señaló que tres parientes del edil laboran en la alcaldía y “aunque Bukele ha dicho en repetidas ocasiones que no cobran salario, sí influyen en decisiones trascendentales dentro de la comuna y estas dañan a los que hemos trabajado con años allí”, declaró.
El dirigente agregó que el hermano del edil, Yamil Bukele, ocupa el cargo de director de Instituto Municipal de Deportes y Recreación.
La cuñada, Arena Ortega, es jefa de la Unidad de Cooperación Externa de la municipalidad; y el primo, Hassan Bukele, es secretario del concejo municipal.
Rodríguez denunció que aunque a los familiares del alcalde no se les pague un salario o una dieta por sus funciones, “eso es lo de menos, porque el punto central es que son parientes y eso viola claramente la ley, porque también contraviene el artículos 111 del Código Municipal”.