Amenazas a CSJ. Intentan anular Sala Constitucional

Abogados vinculados al FMLN han presentado denuncias contra magistrados de esa Sala para que dejen de conocer sobre casos de corrupción.

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Rodolfo Gonz?lez, Florent?n Mel?ndez, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, magistrados de Sala de lo Constitucional. / Foto Por Lissette Lemus

Por El Diario de Hoy

2016-06-11 4:56:00

Abogados y personas afines al FMLNestán buscando neutralizar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para evitar que continúe investigando casos de enriquecimiento ilícito de exfuncionario y funcionarios públicos, entre ellos expresidentes, ministros, diputados y alcaldes. 
La semana pasada, los abogados  Ronald Oswaldo Avilés López y José Roberto Juárez Villalobos, vinculados al partido de gobierno, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General contra los magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco y Belarmino Jaime, por supuestos actos arbitrarios. 
Con la denuncia presentada en la Fiscalía de Nuevo Cuscatlán, los abogados buscan que los magistrados Blanco y Jaime no conozcan de procesos por enriquecimiento ilícito, evitando así que los casos pasen a juicio civil. 
En sus argumentaciones, los abogados denunciantes señalan que ambos magistrados de la CSJ le dieron trámite a los expedientes de supuesto enriquecimiento ilícito de exfuncionarios de manera arbitraria.
Vínculo con el FMLN 
El vínculo de Avilés López con el FMLN se establece desde que fue tesorero de la comuna de Jucuapa, en Usulután, de 2003 a 2004, además de secretario de la alcaldía de Chinameca, en San Miguel, en ambas ocasiones por el partido oficial. El abogado dejó ambos cargos cuando las comunas cambiaron de administración.  
Asimismo, fue asesor jurídico en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo la presidencia de Eugenio Chicas, desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015, según consta en los registros del organismo electoral. 
La Corte en pleno ha ordenado juicios por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Mauricio Funes, electo bajo la bandera del FMLN, así como contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, quien era hombre de confianza del exmandatario. 
Por lo mismo también están bajo investigación el expresidente Antonio Saca y el diputado Reynaldo López Cardoza. Todos los casos están en la Cámara Segunda de lo Civil. 
La sección de Probidad, además, tiene bajo análisis a 30 exfuncionarios más, entre los que figuran dirigentes del FMLN, pero también de otros institutos políticos (leer nota aparte). 
Por otra parte, Juárez Villalobos es otro de los denunciantes que firmó el escrito presentado a la Fiscalía. Sin embargo, esta no es la primera vez que el abogado se manifiesta en contra de decisiones de la Sala de lo Constitucional. Lo hizo ya en 2012 cuando presentó un escrito junto a otros abogados donde emitió opiniones sobre la supuesta falta de competencia de la Sala sobre actos políticos, luego de que esta declarara inconstitucional la elección de magistrados efectuadas en 2006 y 2012. 
El escrito fue presentado junto con el ahora magistrado del TSE, Jesús Ulises Rivas Sánchez y el abogado René Cruz Araniva.  
La sentencia de la Sala provocó que la Asamblea eligiera de nuevo a los magistrados propietarios y suplentes por un período de nueve años a partir del 1 de julio de 2012 hasta el 2021.  
Los argumentos de la Sala de lo Constitucional para declarar inconstitucionales las elecciones se basaron en que fue una misma legislatura la que nombró a los magistrados para dos períodos distintos, cuando corresponde a una sola legislatura renovar la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la Sala. 
Por otra parte, según documentos de la CSJ, Juárez Villalobos fue investigado por el delito de estafa. El abogado fue suspendido del cargo por Corte Plena el 29 de abril 1996, de acuerdo el número de expediente 3-JJ-96. Sin embargo, la suspensión concluyó el 18 de abril de 2005, bajo el acuerdo 731-D. 
Tanto Avilés López como Juárez Villalobos integran la Asociación de Abogados de La Libertad (ABODEL), varios de cuyos miembros también se identifican con el partido de izquierda. 
Niegan afiliación 
En declaraciones a Diario El Mundo, los abogados aseguraron no tener vínculos partidarios con el FMLN. De acuerdo con Avilés López, la denuncia no tiene ninguna motivación política, pese a reconocer que estuvo relacionado con el FMLN. 
“No soy militante y no estoy afiliado a ningún partido político. La Fiscalía determinará si nuestra demanda tiene o no fundamento. Nosotros estamos en defensa de la legalidad”, aseguró. 
En tanto, Juárez Villalobos negó de tajo que haya sido militante del partido de izquierda. “No tengo la intención política de favorecer a uno o a otro. Solamente he señalado que la investigación está viciada porque los magistrados no han tenido criterios para iniciar las investigaciones, no tengo vínculo partidario con ningún partido”, acotó.
Esta no es la primera vez que se busca anular a la Sala de lo Constitucional por emitir sentencias incómodas al partido oficial. 
EL FMLN, junto a otros partidos cercanos a él, aprobaron en 2011 el decreto 743, que amarraba a dicha instancia para que solo tomara acuerdos con mayoría de los cinco magistrados y no con cuatro de los cinco votos como se hace actualmente.   Debido a la presión que ejerció la sociedad civil, ese decreto fue derogado.
Asimismo, la bancada del FMLN, por medio del expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, demandó a la Sala de lo Constitucional ante la Corte Centroamericana de Justicia por haber declarado inconstitucional la elección de magistrados de la CSJde 2006 y 2012.  

Usan IAIP como otro flanco para frenar a Sala

Los intentos de amarrar a la Sala de lo Constitucional y evitar que siga investigando casos de corrupción también se dan por parte de ciudadanos que utilizan el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para solicitar documentación sobre los procesos que lleva el órgano Judicial para los casos de enriquecimiento ilícito.

Varios ciudadanos, cuya identidad no ha revelado el IAIP debido a las especificaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), han solicitado información relacionada con los procesos que ha realizado la Corte Plena para investigar a 30 exfuncionarios por presunto enriquecimiento ilícito, entre ellos al actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, ambos del FMLN. Además, está el expresidente de CEL, Leopoldo Samour. 

Uno de los ciudadanos pide que se le entregue “acta, acuerdo, orden, oficio, circular, memorándum, resolución o cualquier documento que contenga el listado de funcionarios o exfuncionarios seleccionados a la fecha por los Magistrados Belarmino Jaime, Edward Sidney Blanco, Dafne Yanira Sánchez, Sergio Luis Rivera y Leonardo Ramírez Murcia”. 

Asimismo, solicitan el acuerdo de Corte Plena en el que se nombró a los Magistrados Belarmino Jaime y Edward Sidney Blanco para supervisar el trabajo de la sección de Probidad de la CSJ y el “alcance de las funciones encomendadas a dichos magistrados”. 

A la vez piden que se les entregue algún documento que contenga los criterios utilizados por Blanco y Jaime para elegir a los funcionarios bajo investigación, con base en sus declaraciones patrimoniales. 

De acuerdo con documentos brindados por IAIP, la CSJ no ha cumplido del todo con las solicitudes, presentadas en abril. Uno de los argumentos del órgano Judicial es que los procesos aún están en camino. 

Así también, señaló que los criterios utilizados por la CSJ son los establecidos en la Constitución de la República, según el Artículo 240.