El proyecto de ley con el cual Hacienda busca cobrar deudas más rápidamente, sin que pase a un tribunal de apelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es inconstitucional, según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) porque no respeta los derechos de los contribuyentes y quita atribuciones a otras entidades. El sector empresarial, por su parte, cree que es innecesario pues ya existe un proceso para cobros que debe ser respetado.
En su análisis, Fusades concluye que aunque es necesario agilizar el cobro de deudas el proyecto de Hacienda no resguarda varios derechos constitucionales.
Aún más, la Fundación cree que la normativa no resuelve el problema de la ineficiencia para recaudar deudas e impuestos pendientes.
El 6 de abril el fisco entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto para crear la Ley de Cobro de Deudas Tributarias y Multas a Favor del Estado.
En sus 109 artículos el documento crea una Dirección General de Cobranza (DGC) y un Tribunal de Apelaciones de Cobranza (TAC). El primer organismo es el que ordenará y efectuará el cobro de impuestos y otros pagos atrasados, mientras el segundo atenderá los reclamos al proceso, aunque no tiene facultad para detenerlo.
Ambas entidades, sin embargo formarán parte del Ministerio de Hacienda, según la ley. Aún más, los miembros del TAC serán nombrados por el titular de dicha cartera de Estado.
La ley además establece en su artículo 30 que una deuda de impuestos puede exigirse inmediatamente un día después de terminada la fecha de pago, “sin que sea necesario que haya alcanzado el estado de firmeza administrativa ni judicial”.
Una vez la Dirección de Cobranza inicie el cobro de la deuda dará un plazo de 90 días para hacer un cobro persuasivo, es decir, llegar a un acuerdo de pago con el deudor. Sin embargo, en ese período ya puede ordenar medidas precautorias como embargo de bienes o cuentas de ahorros.
Si la deuda no es cancelada, la Dirección pasa a la fase de cobro ejecutivo, que solo dura cinco días. En ese período, luego de que la DGC envía un mandato de pago, se debe pagar todo lo adeudado, más multas y gastos administrativos que genere el proceso.
En este proceso una persona solo se puede defender en tres ocasiones según la ley. La primera es enviar un “escrito de oposición”.
Empero, según el artículo 62 de esa ley, el mismo empleado que envía la orden de pago tiene la autoridad de decidir si atiende el reclamo del contribuyente.
La segunda y tercera oportunidad de defenderse, según el artículo 94, son las apelaciones ante el TAC luego de que rechacen el “escrito de oposición” o cuando se rematen los bienes embargados.
Pero, más adelante el artículo 95 establece que una apelación no puede detener el proceso de cobro.
En la última parte el documento define que un contribuyente solo podrá apelar su deuda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando ya haya hecho todo el confuso proceso de defensa con el TAC. Además, establece varias condiciones a las apelaciones fuera de Hacienda.
Análisis de Fusades
Tras revisar la ley, el departamento de estudios legales de Fusades publicó en su análisis que, en el mejor de los casos, el proyecto crea una serie de medidas que “constituyen presiones indebidas sobre los contribuyentes”.
En el peor de los casos, se trata de un proyecto inconstitucional porque “dista mucho de resguardar los derechos constitucionales”.
El primer indicio de inconstitucionalidad es que la ley pretende crear una instancia administrativa para cobrar deudas, cuando dicha responsabilidad siempre ha sido de la CorteSuprema de Justicia y de la Fiscalía General.
La iniciativa es una “usurpación de facultades jurisdiccionales… el proyecto es inconstitucional por violación del Artículo 172 de la constitución”, señaló Fusades.
Aún más grave, a criterio de la Fundación, se estaría violando la seguridad jurídica de los salvadoreños con el proceso que propone Hacienda.
Y es que al ser exigible una deuda, aún antes de que sea validada por un tribunal, se puede cobrar a una persona aunque se trate de un error o arbitrariedad de Hacienda.
“La propiedad de aquel podría ser tomada y hasta subastada por el Estado mientras se está discutiendo el monto y hasta la pertinencia de la sanción”, añadió Fusades.
El documento expresa además que las llamadas medidas precautorias son en realidad amenazas con las que se pretende forzar el pago ya que se establecen durante la etapa de “cobro persuasivo”.
Dicha etapa según la ley tiene un caracter conciliador para llegar a un acuerdo de pago entre Hacienda y el contribuyente, incluso de cancelar la deuda en cuotas si es necesario.
El tanque de pensamiento además criticó que se modifique el proceso actual de apelaciones, quedando como última opción luego de pasar por la defensa ante Hacienda.
Fusades consideró que estos artículos son “restricciones a la posibilidad de acceder a la justicia, enmarcadas en la avidez de restringir opciones de defensa del administrado”.
Desde un punto de vista general además se señaló que el proyecto de la Ley de Cobros en realidad no resuelve el problema por el cual hay muchas deudas atrasadas: la ineficiencia del Estado.
“La regulación existente podrá ser insuficiente o inadecuada para lograr resultados eficientes… (pero) el proyecto no atiende el problema de la ineficiencia de la burocracia y en lugar de ello, establece nuevas instancias y procedimientos”, indica.
El departamento de estudios legales de Fusades recomendó a Hacienda que busque un acuerdo con la Corte Suprema y la Fiscalía para agilizar el actual proceso de cobro.
En particular el documento expresa que Hacienda “debe proveer los fondos para la creación y mantenimiento de una unidad dentro de la Fiscalía encargada del cobro de las deudas del Estado, con un personal especializado y dedicado exclusivamente a esta labor, y exigir resultados concretos”.
Respeto al proceso
El sector empresarial considera que la Ley de Cobros empujada por Hacienda es innecesaria pues ya existe un proceso para recaudar las deudas e impuestos pendientes. Dos empresarios pidieron que se respete la ley vigente para este tema. “Ya existe legislación e instrumentos del Gobierno… No entiendo por qué nos desgastamos buscando una nueva forma de ejecutar las leyes”, fue la reacción del presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), Agustín Martínez, al ser consultado.
Por su parte, el director de asuntos económicos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Mario Magaña, dijo que “hay que buscar maneras de que se mejore el proceso para el cobro de deudas pero hay que hacerlo siguiendo el debido proceso”.
Magaña coincidió en que el proyecto de ley quita atribuciones a la Fiscalía.
Martínez aceptó que en la actualidad los procesos de cobros son largos, pero deben respetarse. Con la nueva normativa “podemos caer en una cacería… una persecución agresiva cuando ya existen las instancias correspondientes”, añadió.
Para el presidente de Camagro ya existen mecanismos para fomentar la puntualidad en el pago de impuestos y la cancelación de deudas. “Todas las operaciones de los negocios piden solvencia del ministerio de Hacienda. Suficiente presión es esa”, dijo.
Mario Magaña comentó que la Cámara de Comercio presentará en las próximas semanas un documento a la Asamblea Legislativa, señalando los vicios de inconstitucionalidad que tiene la Ley de Cobros. “Es importante que los diputados no se dejen sorprender, que estén claros que hay una violación a la independencia de poderes que define la Constitución”, explicó.
El director de asuntos económicos de la Cámara coincidió con el análisis de Fusades. Por ejemplo, cree que fortalecer a los tribunales y la fiscalía podría agilizar el cobro de las deudas.
Urgencia de dinero
En mayo de 2015 Hacienda publicó un listado de deudores. Según el documento hasta el 14 de abril de ese año unas 12,519 personas naturales y jurídicas tenían deudas pendientes de pagar por un valor de $372.6 millones.
La publicación generó fuertes criticas por parte del sector privado, el cual consideró la lista como un ataque sobre todo cuando muchos casos en realidad estaban pendientes de trámite y no podían considerarse deudores legalmente.
Para Mario Magaña, al igual que la reforma de pensiones, este proyecto de ley, y otras iniciativas, en realidad son intentos de Hacienda por recaudar más recursos para un Gobierno con una crisis de liquidez. “Por más que se le ha dicho que tiene que ordenar su excesivo gasto no lo quiere hacer… pero ya no le da con los ingresos que tiene. Por esa razón andan buscando dinero, hasta debajo de las piedras”, concluyó.
Hacienda ha dicho que este año presentará una nueva lista de deudores pero hasta el momento el documento no se ha hecho público.