La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ni el gobierno han dado una postura sobre el llamado del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, respecto garantizar que se respeten los derechos humanos durante la implementación de los planes de seguridad.
El Diario de Hoy solicitó ayer una declaración del titular de la PDDH, David Morales, pero no fue posible obtener una versión al argumentar, por medio de su oficina de comunicaciones, que se encontraba con una apretada agenda que le impediría atender solicitudes al respecto.
En un inicio, la asistente de comunicaciones del funcionario, Eunice Méndez, dijo que a Morales se le había consultado sobre la petición hecha por este Diario, pero aseguró que no había recibido respuesta de su parte, pero que en todo caso el Procurador tendría que designar a alguien para emitir una opinión sobre el tema.
No obstante, Méndez informó a los pocos minutos que Morales se disculpaba por no poder atender una entrevista, ni siquiera por la vía telefónica, pues tenía una “agenda apretada”.
Tampoco se indicó si habría otro funcionario de la institución que pudiera dar la postura ante el mensaje emitido por el alto comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional.
En tanto, tampoco fue posible obtener una apreciación del ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien ayer llegó a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, a explicar los detalles de un préstamo de $100 millones destinados a programas de seguridad.
Al concluir la reunión, el ministro salió del salón de sesiones de dicha comisión y se retiró el Palacio Legislativo sin que fuera detectado por los periodistas que esperaban al funcionario para entrevistarlo sobre varios temas.
Vigilantes del primer Órgano del Estado indicaron que el funcionario abandonó el recinto rápidamente flanqueado por sus guardaespaldas.
En algunas ocasiones donde se han dado capturas de policías que estarían vinculados con grupos de exterminio, Ramírez Landaverde ha sostenido que no tolerarán este tipo de casos.
Así también lo ha afirmado el vicepresidente Óscar Ortiz.
Tampoco se han pronunciado otras instancias del Gobierno, como la Presidencia de la República, ya sea en su cuenta de Twitter o en el sitio de Internet.
Más bien, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha restado credibilidad en algunas ocasiones a videos que han circulado en las redes sociales donde supuestos policías se identifican como miembros de un grupo de exterminio.
Por el contrario, tal como han informado autoridades policiales a principios de mayo, algunos grupos de supuestos uniformados han operado como una red de sicariato que, incluso, han recibido órdenes desde Estados Unidos.
También la Fiscalía General ha señalado que existen investigaciones sobre posibles bandas de grupos que cometen ejecuciones extrajudiciales en distintos territorios.