La Organización de las Naciones Unidas mandó ayer un mensaje a las autoridades de El Salvador para que garanticen el respeto a los derechos humanos en la aplicación del plan de seguridad, y pidió que se fortalezcan las instituciones de justicia.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la organización internacional, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su discurso inaugural ante el Consejo de Derechos Humanos, se refirió a las denuncias de posibles casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de “escuadrones de la muerte”.
“El Gobierno ha lanzado un plan para mejorar la seguridad en el país, que incluye perseguir a los responsables de los crímenes y trabajar para rehabilitar a los antiguos miembros de las bandas en prisión, pero algunas medidas mucho más graves se han llevado a cabo”, dijo, en referencia a la posible aparición de grupos irregulares.
Zeid sostuvo que los argumentos según los cuales existen ejecuciones extrajudiciales en el marco del plan de seguridad que ejecuta el gobierno “son intolerables y sólo pueden avivar la violencia”.
El alto comisionado no desaprovechó el momento para denunciar con contundencia que la violencia en El Salvador ha ido en constante aumento, alcanzando en 2015 la tasa más alta de asesinatos en el mundo entre las naciones que no están en guerra.
Así también, se refirió a que la disputa entre las pandillas ha provocado que personas huyan del país por temor. “Entre los miles que han huido a Estados Unidos hay menores que viajan solos por miedo a ser asesinados por negarse a unirse a las bandas”, destacó Zeid.
Otras voces
Uno de los que alertó sobre posibles grupos de exterminio fue el periódico español El País, quien explicó a principios de junio que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga 30 matanzas que habrían dejado como saldo alrededor de 100 pandilleros muertos, entre ellos los registrados en el cantón El Amatón, de Jucuapa, en Usulután.
No obstante, el titular de la PDDH, David Morales, ni el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, no se pronunciaron ayer sobre el llamado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (leer nota aparte).
El periódico español sostuvo que los grupos de exterminio tienen como principal blanco las pandillas.
Otro de los organismos que pidió al país, a principios de abril, que se respeten los derechos humanos al aplicar las medidas extraordinarias de seguridad es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante distintas demandas de organizaciones de la sociedad civil que denunciaron que el gobierno salvadoreño ha recurrido a medidas “represivas y populistas” para enfrentar la crisis de inseguridad.
En los últimos meses también ha habido capturas de policías vinculados con supuestas redes de sicariato y grupos de exterminio, a quienes las autoridades han decomisado armamento y abundantes municiones.
Asimismo, la Iglesia Católica ha exhortado en varias ocasiones al gobierno a que las medidas de seguridad no afecten a la población y que se investigue si existen grupo irregulares que realicen ejecuciones extrajudiciales.
Las medidas extraordinarias fueron aprobadas por la mayoría de bancadas legislativas en un decreto transitorio que incluye alrededor de 14 acciones enfocadas en la persecución del delito y el control de los centros penales.
Entre las medidas extraordinarias que están siendo implementadas por el periodo de un año están: traslados de reos, régimen especial de internamiento, suspensión de visitas en todo el sistema penitenciario, habilitar centros temporales de reclusión en diferentes lugares y suspender los traslados de privados a audiencias judiciales.
Incluso, el vicepresidente Óscar Ortiz anunció hace dos semanas que lanzarán medidas adicionales a las ya presentadas, entre ellas ir a los bienes y al dinero mal habido por las pandillas, explicó.
Comisión del gobierno
A inicios de este mes, el gobierno salvadoreño, por medio del Comisionado Presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún, anunció la creación de una comisión para garantizar el respeto a los derechos humanos durante la implementación de las medidas extraordinarias para el combate a la violencia.
Dicha comisión se encargaría de vigilar que no se cometan abusos en los planes represivos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, señaló el Comisionado Presidencial.