La reelección de José Elías Hernández Hernández, en marzo de 2015, significó para los mareros y sus cercanos colaboradores una semana de festejos en la playa con gastos pagados por los apopenses.
Cuatro buses alquiló Hernández Hernández para llevar a la playa San Marcelino en La Paz a los pandilleros de la colonia Valle Verde y empleados de la alcaldía para festejar su triunfo, indica la acusación de la Fiscalía.
El testigo Triple X, un imputado que acordó colaborar con las autoridades en la investigación, afirmó que durante una semana los invitados del señor alcalde disfrutaron de comida, cerveza, licor, marihuana, cocaína y bailes amenizados por la discomóvil del “DJ Mouse”, propiedad de uno de los empleados de la municipalidad de Apopa.
En otra ocasión, los pandilleros estaban reunidos en Valle Verde cuando de repente cayó una llamada en el celular del “Pachanga”, el jefe de la pandilla 18 Revolucionarios de Apopa, era el alcalde. Luego de colgar, el cabecilla dijo: “ya va a venir el viejo”.
Al rato llegó un pick up de la alcaldía de Apopa, doble cabina con el alcalde con tres guardaespaldas con varias cajas de cervezas.
El edil llamó a un lugar solitario a Pachanga con quien se fueron a conversar, el testigo no refiere de qué hablaron.
Minutos después regresaron y se incorporaron a la reunión, recuerda que el alcalde solo se tomó dos cervezas y abandonó la reunión.
El testigo relata que los fondos que se recolectaban de las fiestas patronales de Apopa se destinaban para la compra de vehículos que se destinaban a pandilleros. Y que con esos fondos se compró un pick up, color negro que se entregó al Boliqueso, el segundo cabecilla al mando de esa estructura.
Según un testigo de la autoridad se compró un automóvil BMW que se entregó al hijo del alcalde. Agregó que al menos 25 miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Apopa son de esa mara a quienes identificaron en el proceso con su verdadera identidad.
Dos de los agentes pandilleros tenían como función patrullar Apopa en moto y armados de un revólver con abundante munición durante todo el día con el propósito de verificar los movimientos de policías o investigadores de la corporación, y alertar a sus compinches a resguardarse.
Triple X también afirmó que familiares de cabecillas de pandillas tenían puestos en la calle en Apopa, quienes tenían como función esconder armas, droga y otros ilícitos.
Aseguró que semanalmente entregaban al Pachanga de mil 500 a 2,000 dólares por concepto de venta de droga en el centro de Apopa.
Recuerda que durante el 2014, observó cuando un concejal a quien solo identificó como Oscar, fue a una venta de CD y DVD, que le llevó 5 mil dólares y se los entregó a los pandilleros el Garbo y el Grillo, quienes debían reportarlo al Pachanga.
Dicha suma de dinero que entregaba periódicamente no era extorsión al alcalde sino “una contribución” de éste con las pandillas, refiere el documento fiscal.
Reconoció a Boliqueso y al Nuegado, dos cabecillas de esa pandilla, quienes coordinaban la extorsión a negocios y distribuidores de mercadería en Valle Verde 1 y 2. Puntualizó que en casa de Pachanga había escopetas 12, fusiles M-16 y AK 47, asi como pistolas calibre 45, 9 mm, y 38, así como granadas.
Todo este armamento era utilizado en turnos o cuando realizaban ataques armados.
Triple X afirmó a la Fiscalía que el pandillero apodado el Semita, se encargaba de hacer una lista de familias en Apopa para que el alcalde mes a mes les diera una canasta con víveres, cortesía de la alcaldía.
Refiere que el edil Hernández Hernández les facilitaba en Valle Verde y Las Praderas de Ciudad Delgado fiestas con discomóviles, les asignaba fondos para compra de bebidas alcohólicas y les proporcionaba seguridad.
El testigo afirmó que en febrero de 2014 los cabecillas de la pandilla se reunieron con un alto funcionario de la alcaldía de Apopa para negociar la construcción de un muro perimetral de Valle Verde 4 y para la contratación de siete pandilleros en el CAM.
Estos detalles fueron claves en la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Antimafia de Instrucción B, para que el alcalde y 31 personas más fueran enviadas a prisión por 4 meses mientras continúa la investigación.