En un artículo publicado el año pasado y que ganó justa notoriedad, el Director Ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, hacía hincapié en un aspecto fundamental para entender buena parte de nuestros problemas actuales, y es que “la corrupción mata”. Efectivamente, el dinero que va a parar a los bolsillos particulares de un funcionario, quien quiera que sea, es dinero que siempre termina haciendo falta para cubrir necesidades concretas de la población salvadoreña.
Si cinco mil dólares se roba un ministro o un diputado, o un gerente de autónoma o un presidente, y con esos cinco mil dólares se hubiera podido comprar la insulina que le faltó al obrero de Chirilagua que hoy falleció a consecuencia de su último ataque diabético, el verdadero asesino de este humilde compatriota no fue su enfermedad, sino el corrupto que alargó la mano y despojó al Estado de los recursos con que se habría podido atender aquella necesidad específica.
No solo asesina, pues, el que acciona el gatillo de un arma en contra de otro salvadoreño, sino el que desvalija al erario nacional y le impide a los ciudadanos contar con mejores herramientas técnicas y legales para defenderse de los delincuentes. No mata únicamente el pandillero que atenta contra las vidas ajenas y más adelante, recluido en el penal, aprovecha una “tregua” para mantener funcionando su estructura delictiva, sino los servidores públicos que se prestan a estas maniobras con tal de ganar un par de puntitos en las encuestas.
Por eso tiene razón Roberto Rubio cuando afirma que la corrupción mata. El castellano designa con el término “delito” al comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia de quien lo ejecuta, resulta ser contrario a lo establecido por la ley, mereciendo por ello un castigo. “Crimen” es un concepto que agrega el componente de la alevosía, pues alude a la acción voluntaria de hacer daño grave a otra persona, incluso quitándole la vida. De ahí que califiquemos de “criminal” a quien realiza este tipo de acciones.
Entonces, ateniéndonos al diccionario, cualquier crimen es un delito, pero no todo delito es un crimen. Esta distinción es fundamental a la hora de referirnos a los corruptos, porque cualquier delito que se comete contra los recursos públicos destinados al bien común, en un país con tantas necesidades como el nuestro, es un verdadero crimen. Y a estos corruptos, evidenciados ya como criminales, no debemos tolerarlos ni permitir que nuestra institucionalidad los tolere.
Los salvadoreños, tal vez sin darnos cuenta, hemos iniciado una cruzada nacional contra la corrupción. Al ir adquiriendo una mayor conciencia respecto de este cáncer y de los perniciosos efectos que tiene en la vida nacional, los ciudadanos hemos dado comienzo a una nueva etapa histórica en la construcción de una sociedad más honesta y transparente. Porque no solo se trata, claro está, de señalar y perseguir a los funcionarios públicos que se corrompen, sino también de evidenciar a aquellos sectores proclives a corromper funcionarios, entre los que muy bien podríamos encontrar líderes de opinión, empresarios, cabecillas sindicales, periodistas y toda una gama de grupos de presión.
Ha dado inicio el tercer año de mandato del profesor Sánchez y la gran pregunta que se hacen los analistas es por qué nuestro país sigue a la zaga del crecimiento regional. Muchas respuestas se han brindado y quizá no sea aventurado decir que la posible complementariedad entre ellas justifica que ninguna quede fuera del debate. Pero escasean las explicaciones que aludan a la corrupción como un fenómeno que impacta como pocos a nuestra maltrecha economía.
La revista “Estrategia y negocios” calculaba, a mediados de 2015, que por cada cinco puntos que aumentan los índices de corrupción en la percepción ciudadana, Centroamérica pierde alrededor de 6.5 % de inversión extranjera directa. Cabe entonces preguntarse hasta dónde podríamos crecer, como país, si le apostáramos a una lucha frontal contra los corruptos.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy