Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales aseguraron ayer que a más tardar en julio tendrían una decisión de cómo legislar lo relativo a la integración de los organismos temporales para las próximas elecciones de diputados y alcaldes en 2018.
Esto es en respuesta a una sentencia emitida en 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se ordena que los miembros de las mesas sean independientes de vinculación partidaria.
Hasta ayer el mecanismo que veían más factible para que las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM) operen sin mayores contratiempos es que los miembros de estos organismos temporales de elección se formen con personas propuestas por los partidos políticos, aunque no sean militantes de los mismos.
Los diputados consultados se basan en que la sentencia de la Sala de lo Constitucional así lo estableció, pese a que inicialmente el partido ARENA consideraba como mejor opción que los integrantes de estos organismos de elección salieran de un sorteo.
Eso implicaría que sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recaería casi por completo la selección de los miembros de estos organismos, así como la capacitación de los mismos.
Pero los diputados aseguran que si los partidos son quienes los proponen, también serán ellos los encargados de instruirlos.
Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea se reunieron ayer y allí definieron realizar un foro el 28 de junio del presente año para tratar la conformación de estos organismos temporales.
Con esto, aseguran que estarían saliendo a tiempo para que el TSE proceda a diseñar los instructivos y reglamentos pertinentes para iniciar las capacitaciones de su personal y preparar el Presupuesto General Electoral, de cara a los comicios de 2018.
Pese a esto, tanto en el TSE como en la sociedad civil hay preocupación por el tiempo limitado para ejecutar esta reforma (ver nota aparte) debido a lo compleja que es.
Alberto Romero, diputado de ARENA, precisó que a más tardar la primera semana de julio tendrían decidido el procedimiento a realizar para decidir cómo elegir a los integrantes de las JRV.
Sin embargo, el que los partidos solo propongan a los miembros no asegura que estos no sean simpatizantes de sus agrupaciones, opinó el diputado del FMLN, Nelson Quintanilla.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, explicó que si son los partidos los que proponen a los miembros, el TSE se evitaría el gasto en capacitarlos, ya que serán los institutos políticos los que lo hagan.
El pecenista comentó que fueron a Perú a conocer la experiencia de ese país y ahí verificaron que si dejan que el TSE decida cómo se integran estos organismos, habrá atrasos el día de las elecciones.
Y el legislador de GANA, Guillermo Gallegos, afirmó que deberán discutir si el hecho de que los partidos elijan y capaciten a los miembros no riñe con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional.
Además, reconoció el llamado del Tribunal Supremo Electoral de legislar esta reforma lo más pronto posible para que esta autoridad electoral pueda salir a tiempo con las capacitaciones y lo administrativo.
Por su parte, Arnoldo Marín, del PDC, reconoció que el tema es complicado y consideró que la Sala debió haber mandado a las universidades, instituciones públicas u organizaciones a nominar a los ciudadanos y no a los partidos.
TSE pide celeridad a diputados
El Tribunal Supremo Electoral ha expresado a los diputados su preocupación porque aún no han legislado en esta materia.
Según el magistrado Fernando Argüello, el tiempo para dar cumplimiento al fallo de la Sala de lo Constitucional y profesionalizar las Juntas Receptoras de Votos es cada vez más escaso, tomando en cuenta la elevada cantidad de ciudadanos que se deben elegir, la depuración de estas listas y la capacitación de estas personas para asegurarse que puedan utilizar las herramientas tecnológicas para el conteo de votos que implementarán en 2018 en las JRV.
Argüello explicó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional prohíbe la vinculación formal y material de ciudadanos con los partidos, lo cual vuelve más complejo el proceso de verificación de las personas nominadas, pues no basta revisar los padrones de militantes, también es indispensable buscar otro tipo de afinidad o respaldo.
Este proceso de depuración, afirmó, podría tardar hasta tres meses. Posterior a eso, vendría la capacitación de los más de 100 mil ciudadanos que integrarían las JRV, en las cuales desde 2018 estarán registrados 600 y no 500 ciudadanos, como ha sido en eventos electorales anteriores.
Además, indicó que hace falta definir los estándares de capacitación para profesionalizar esos organismos.
Argüello lamentó que el retraso legislativo “puede poner en problemas la elección”.
El Diario de Hoy intentó contactar vía telefónica al resto de magistrados del TSE para conocer sus opiniones, pero no se logró localizarlos.