El caso Elías Hernández, alcalde de Apopa, está revelando los oscuros detalles de las negociaciones entre políticos y cabecillas pandilleros, propiciadas durante “la tregua” de la administración de Mauricio Funes. Algunos advertimos, en su momento, sobre las posibles consecuencias que acompañarían la segunda fase de la principal estrategia del oficialismo, denominada inicialmente como “municipios santuario”.
Indudablemente, ésta buscaba distribuir la responsabilidad política de pactar con las pandillas, llevando las negociaciones al nivel municipal y, de esa forma, involucrar a partidos de todos los colores. Esto, lógicamente, facilitó la penetración de las pandillas en la dinámica política local. Poner en contacto a grupos criminales y políticos, en un país con los niveles de corrupción que tiene El Salvador, difícilmente se puede considerar una buena idea y, mucho menos, etiquetar como una estrategia “innovadora” para reducir la criminalidad.
Las capturas relacionadas a “la tregua”, ordenadas por la Fiscalía General de la República, empujaron a que personajes vinculados al pacto, excluidos de la primera ola de detenciones, emprendieran una campaña mediática para manipular la opinión pública en relación al caso y la acusación fiscal. Adam Blackwell, por ejemplo, exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos – que durante su gestión en dicho puesto participó activa y visiblemente en el pacto – ha escrito editoriales y concedido entrevistas a medios nacionales e internacionales, para condenar las capturas y argumentar, en esencia, que “la tregua” fue una política pública y que las actividades que desarrollaron sus operadores no pueden constituir delitos. Paolo Lüers – columnista de este periódico y una de las principales caras visibles de “la tregua” – también ha figurado en programas de entrevistas y notas periodísticas, locales y foráneas, presentando argumentos similares a los de Blackwell.
La postura de estas personas es entendible. Por un lado, si participaron inocentemente en una iniciativa que pensaban no involucraba ilícitos, es comprensible que traten de trasladar su visión de “la tregua” a la ciudadanía, para explicar y justificar su involucramiento. Por otro lado, si participaron en “la tregua” aun conociendo que el pacto con los pandilleros involucraba la perpetración de delitos, también es lógico que traten de vender otra versión de lo sucedido.
La Fiscalía ha dado señales de estar desarrollando una investigación amplia de los nexos delictivos de cabecillas pandilleros con políticos y funcionarios. Lo más probable es que casos como el del alcalde de Apopa salgan a la luz, revelando así los alarmantes detalles de los pactos entre pandilleros y políticos. Esto, a su vez, puede afectar el discurso de aquellos personajes que apoyaron públicamente “la tregua”.
La reacción más burda de quienes conocían de los ilícitos de “la tregua” y aun así se prestaron para apoyarla, será agudizar su discurso y sus ataques en contra de la Fiscalía y de quienes adopten una postura congruente con la acusación fiscal. El temor a una captura inminente, los puede llevar a radicalizar sus posturas. Los que realmente participaron de buena fe, por otro lado, es que probable decidan colaborar con las autoridades. Las investigaciones están revelando que los políticos y los pandilleros engañaron a quienes dieron la cara por “la tregua”, que no era más que una fachada para esconder una negociación entre criminales y corruptos. La reacción normal de las personas honorables, honestas y humildes, será sentirse cada vez más usadas y encolerizadas al ver que los detalles de las investigaciones indican que, en lugar de ayudar a desarticular a las pandillas, colaboraron para perpetuarlas a través de la facilitación de pactos con malos políticos.
Esto los puede llevar a colaborar con las autoridades. Independientemente de la naturaleza de su participación, a medida salga a relucir la información de las investigaciones, las opciones de los que participaron serán más limitadas.
*Criminólogo
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