La regulación del financiamiento político continúa enfrentando serios obstáculos para su adecuada fiscalización. Los partidos se niegan a entregar la información; las sanciones que podría imponer el Tribunal Supremo Electoral a las fuerzas políticas por incumplir las normas que rigen los controles del dinero que reciben son insignificantes; y la Corte de Cuentas de la República informó recientemente que no auditó el aporte económico que les suministró el Estado, conocido como “deuda política”, con el que se pagaron los gastos de las campañas electorales desde 1994.
En reiteradas ocasiones hemos sostenido que la democracia tiene un costo. Organizar elecciones, promocionar candidatos y anunciar las promesas y acciones para resolver los problemas requiere de grandes inversiones financieras. La compra de espacios en la televisión, de pautas en la radio y de anuncios en los periódicos necesita de millones de dólares. Bien utilizado, el presupuesto de los comicios permite el desarrollo ordenado de los procesos electorales, impide la desigualdad de las condiciones en la competencia entre partidos, promueve el uso de la tecnología y posibilita la participación, tanto de los institutos políticos de larga trayectoria como de los recién constituidos, en los que figuran segmentos poblacionales tradicionalmente excluidos.
Que la sociedad civil organizada insista en conocer el origen y el destino de los fondos cedidos a los postulantes a cargos de elección popular y a los “vehículos” que les sirven para obtener el poder no es ningún pecado. Los grupos ciudadanos que intentan transparentar las finanzas partidarias persiguen alcanzar por lo menos tres objetivos: evitar la inyección de dinero ilícito en las campañas; detectar el conflicto de intereses entre los donantes y los que terminan ganando las elecciones; y exhibir el posible lavado de dinero por parte de quienes, más que interesados en representar a la población, pretenden hacer de los comicios su negocio personal.
El caso de “cooptación del Estado de Guatemala” es un buen ejemplo de aquellas conductas delictivas que se descubren cuando se aplica un examen riguroso de los financistas de las campañas y del uso que hacen los candidatos de los recursos que perciben. Resulta que, de acuerdo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los aspirantes a la presidencia y a la vicepresidencia, destituidos posteriormente de dichos cargos y ahora procesados por diversos delitos, crearon “todo un entramado de empresas para captar fondos”, recibiendo flujos de dinero de los grandes canales de televisión que después fueron beneficiados con contratos millonarios a partir de la toma de posesión de la fórmula Pérez-Baldetti.
Otra de las modalidades utilizadas en el país vecino fue la “simulación del origen del financiamiento” reportado a la autoridad electoral guatemalteca. Con esta finalidad, “el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña que provenía de empresas y personas particulares cuyo origen se ocultó” a través de las empresas constituidas por testaferros de la fórmula presidencial.
Quienes han estudiado los distintos mecanismos para inspeccionar el financiamiento de las campañas, coinciden en que no debe “demonizarse” el uso del dinero en la política. También señalan que este constituye “la leche materna” de los partidos políticos. Su supervisión legal y la exigencia ciudadana para mostrar las cantidades que adquieren de personas naturales o de empresas, y el empleo que se hace de ese patrimonio, no suponen ni deben entenderse como un rechazo al patrocinio de las fuerzas políticas ni a la importancia que conlleva su existencia para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Por el contrario, revelar esta información de manera voluntaria, contribuiría a elevar la credibilidad de quienes diputan el poder político y terminaría con el morbo que produce, aquí, y en cualquier parte del mundo, la movilización de millones de dólares orientados a promover la imagen y los programas de gobierno.
El nuevo siglo ha enfrentado a los partidos tradicionales con las demandas de una sociedad cansada de mentiras y engaños. La ruptura del bipartidismo en Honduras y Costa Rica, los movimientos anticorrupción en Guatemala y Brasil, el debilitamiento del populismo en Venezuela y la irrupción de nuevas fuerzas políticas en España, demuestran que, si los políticos del siglo XX no cambian, los ciudadanos los sustituirán por una nueva generación de actores.
*Columnista de El Diario de Hoy