El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, negó que el Estado viole derechos humanos de la población al combatir la delincuencia y que no está a favor de los pandilleros y en contra de las víctimas de estos grupos criminales, como han dejado entrever algunos políticos y representantes de las víctimas.
Esta es la primera reacción del funcionario tras el llamado que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein hiciera recientemente al gobierno salvadoreño para mejorar la seguridad pública, sin irrespetar los derechos humanos.
El Procurador aclaró que el irrespeto a los derechos humanos proviene de grupos de particulares, pandillas y de crimen organizado que delinquen, golpean y generan muerte y sufrimiento en la población.
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“No son agentes del Estado, pero el Estado tiene una obligación de garantizar la seguridad a la población, de protegerla … y en caso de que falle, la Procuraduría debe estar al lado de las víctimas y exigirlo”, dijo.
Asimismo aclaró que la Procuraduría no solo defiende los derechos humanos de los pandilleros, sino también el de las víctimas de estos grupos.
“Estamos acompañando a las víctimas de la violencia y mi posición ha sido permanente de rechazo a la violencia que ejercen los grupos delictivos, exigiendo persecución a los delincuentes que generan hechos atroces”, añadió.
Sobre esto comentó que todas las semanas recibe a familiares de las víctimas, para asesorarlos y acompañarlos en la presentación de sus denuncias y en garantizarles su seguridad y ayuda, tanto de parte de las instituciones nacionales como de gestionar asilo en otros países a familias que corren alto riesgo por amenazas de las pandillas.
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Morales destacó que es una actividad legítima del Estado perseguir y combatir la delincuencia, pero respetando la Constitución y demás leyes, pero aclaró que si en esa respuesta hay abusos de autoridad, “también es mi deber, al comprobarlos, denunciarlos y exigir que no se produzcan (violaciones a los derechos humanos”.
También confirmó que en la entidad defensora de los derechos humanos tienen 39 expedientes abiertos sobre posibles ejecuciones de probables pandilleros, en que podrían estar implicados algunos agentes de la PNC, pero que aún no se ha establecido oficialmente su participación, e insistió en que por ahora se trata de grupos que operan al margen de la ley.
Asimismo expresó que quienes critican a la Procuraduría de estar a favor de los pandilleros y no actuar en defensa de las víctimas es porque no conocen su trabajo.
Sobre sus aspiraciones a continuar un periodo más al frente de la institución, dijo que espera que la Asamblea Legislativa analice los perfiles de los 11 aspirante con base en la idoneidad, capacidad, experiencia y la trayectoria de vida de cada uno de los postulantes, sin recurrir a negociaciones políticas, para no generar acefalía en la entidad a partir del 9 de agosto, en que termina su mandato.