Aliados por la Democracia, el Movimiento Independiente pro Reforma Electoral (MIRE) y el Centro de Estudios Jurídicos ven con suma preocupación la agenda del Foro de Sao Paulo, que se celebrará en San Salvador del 23 al 26 de junio.
Particularmente advierten la amenaza que los partidos afiliados a esta instancia representan a la independencia judicial, por considerarla desestabilizadora.
José Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de Aliados por la Democracia, afirma que “en El Salvador, el poder judicial y sus sentencias han sido un poderoso bastión de la democracia” y que “en particular, la Sala de lo Constitucional es un obstáculo para sus fines de controlar las instituciones del Estado”. Por esta razón, dice intentan limitar su independencia.
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Nelson González, de MIRE, considera que el trabajo de instancias de la CSJ como la Sala de lo Constitucional o Probidad, que han detenido intentos de abusar del poder o de fondos públicos, los hace un blanco de quienes no están comprometidos con la democracia.
Además restó importancia al calificativo de “desestabilizadores” que utiliza el Foro de Sao Paulo y recordó que un poder judicial independiente es un paso hacia la seguridad jurídica.
Por su lado, Humberto Sáenz, del CEJ, califica de preocupante “la reiteración en intentar enquistarse en el judicial y permear en otras instituciones que también imparten justicia”.
A su juicio, las instituciones necesitan un “empujón” para luchar contra la corrupción y el abuso de poder, por lo que no debería descartarse la discusión sobre una comisión contra la impunidad.
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Si bien considera que el contexto de El Salvador difiere del de Guatemala, “los resultados en la lucha contra la impunidad en el vecino país deben ser emulados”.
González mira en este tipo de comisiones un posible alivio a la enfermedad del manejo abusivo de fondos públicos. Lamentó que “hay quienes temen al combate frontal contra la corrupción, pues podrían verse involucrados en ella”.
Por su parte, Méndez llamó a las instituciones que luchan por la democracia a defender el estado de Derecho y descartar las iniciativas que pretenden emular a regímenes basados en “doctrinas anacrónicas que han llevado a otros países a la pobreza y la falta de libertad”.