En la madrugada del viernes pasado, un grupo de personas presuntamente afines al pensamiento chavista atacaron la sede del periódico El Nacional, situado en Caracas, capital de Venezuela.
Los atacantes, identificados como “Colectivo Chama, Pueblo Rebelde”, portaban armas cortas e intentaron forzar los accesos al edificio sede del medio, pintaron las paredes y lanzaron excremento al mismo.
Además, al retirarse los agresores dejaron panfletos que acusan al diario de “desestabilizar, desinformar, generar caos y favorecer la intervención extranjera”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó estos ataques a uno de los pocos medios que se ha mantenido crítico ante las acciones del régimen encabezado por Nicolás Maduro, y el cual es objeto de constantes ataques.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó el respaldo de la organización a los directivos y trabajadores del diario ante las amenazas del gobierno y sus adeptos que no toleran la crítica.
Por su parte, Miguel Henrique Otero, presidente editorial de El Nacional, señaló que “este tipo de actos son propios de un gobierno que ha desarrollado una catástrofe en el país. (…) En medio de la desesperación, hacen ese tipo de cosas. (…) Eso del excremento que arrojaron parece una proyección de lo que tienen en la cabeza”.
Otero, quien también es vicepresidente regional para Venezuela de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “no nos vamos a autocensurar ni vamos a cambiar la línea editorial. Seguiremos publicando lo que ocurre en Venezuela e informando como siempre. No vamos a censurarnos en ningún momento”.
El presidente de El Nacional se encuentra fuera del país luego de ser demandado en un proceso judicial en el que se le acusa de replicar en su diario una información del periódico ABC, de España, sobre acusaciones de presuntas vinculaciones del expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, con el narcotráfico.
Apoyo a gremio periodístico brasileño
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también ha manifestado su solidaridad con la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil (ANJ) ante la presión y críticas que han recibido de la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB) por su decisión de otorgar el premio anual a la Libertad de Prensa al periódico Gazeta do Povo y a cinco profesionales de ese medio por su cobertura sobre los gastos en el poder judicial en el estado de Paraná, localizado al sur de Brasil.
Gazeta do Povo, con sede en Curitiba, y sus cinco periodistas, enfrentan 45 demandas por extensos reportajes sobre los excesivos salarios en el poder judicial y el Ministerio Público, así como los privilegios de jueces y magistrados en este Estado.
Por su parte, la ANJ ha felicitado al medio por hacer periodismo de calidad y abordar con valor información de interés público.
Los demandados son los periodistas Chico Marés, Euclides Lucas Garcia y Rogerio Waldrigues Galindo, el analista de sistemas Evandro Balmant y el infografista Guilherme Storck. Ellos han tenido que asistir a audiencias en diferentes ciudades del Estado, pues los jueces demandantes, que alegan sentirse afectados en su honor, han abierto procesos individuales en diferentes juzgados.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, y el presidente de la ANJ, Carlos Lindenberg, han rechazado el cuestionamiento de la AMB y calificaron las demandas de “una retaliación contra el periódico”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, se refirió a la Declaración de Chapultepec y a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se consigna que ningún periodista o medio debe ser sancionado por difundir denuncias contra el poder público y recordó que los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio de la sociedad.
Condenan asesinato de periodista hispano en Estados Unidos
Jacinto Torres, un conocido periodista y fotógrafo, fue asesinado el pasado fin de semana en el condado de Garland, en esta ciudad estadounidense.
El comunicador, mexicano de nacimiento, estaba radicado en Texas, donde era muy popular entre la comunidad latinoamericana por su trabajo periodístico.
Aún no se descarta que la muerte de Torres se deba a sus reportajes en el periódico La Estrella, principalmente sobre la migración, y a sus labores de activismo, orientadas a impulsar que inmigrantes indocumentados pudieran regularizar su situación en los Estados Unidos.
Según afirmó la familia de Torres, este también se encontraba investigando posibles casos de tráfico de personas en la constante ola de migrantes que llega al país norteamericano, lo que le daba vulnerabilidad por la sensibilidad del tema.
Juan Antonio Ramos, editor en jefe de La Estrella, afirmó que Torres siempre trabajó con exhaustividad en sus reportes y lamentó su pérdida.
La SIP ofreció sus condolencias a la familia de Torres, condenó este asesinato y llamó a las autoridades a establecer mediante una investigación las causas y los responsables de este crimen.