¿Podemos aguantar más? El cinismo de los funcionarios para justificar los frecuentes descubrimientos de corrupción y mal uso de recursos públicos es intolerable. Presumen de una política de austeridad y que no hay corrupción, por lo que no se necesita una comisión internacional que investigue.
La excusa de que “hay que dejar que funcionen las instituciones” indigna como ofensiva a la inteligencia, pues es obvio que las instituciones dirigidas por funcionarios corruptos, son manejadas como finca propia, para su beneficio y de su parentela. Alegan que son cifras pequeñas, porcentajes mínimos, parte del presupuesto asignado. Cuando la ética y las personas decentes saben que el uso de fondos públicos en beneficio propio es apropiarse de lo ajeno, que en buen castellano se llama robar. Y que este delito no depende ni de porcentajes, ni de cantidades.
El presidente de CEPA afirma que su institución no depende de impuestos, sino de fondos propios procedentes del aeropuerto. ¿Será él el propietario? Porque esos recursos proceden de alquileres de locales, impuestos de pasajeros, derechos de aterrizaje de líneas aéreas, etc. que son impuestos procedentes del bolsillo de los usuarios. Las facturas publicadas indican consumo de licor en celebraciones de secretarias, y los agasajos a importantes personalidades del extranjero, con exagerados consumos de licor, en fines de semana, demuestran ignorancia corrupta. Los ejecutivos extranjeros, interesados en hacer negocios serios, no eligen los fines de semana, ni necesitan esas atenciones.
La Asamblea Legislativa está estrenando rótulos electrónicos con sus nombres, que costaron $500,000 lo que ha molestado mucho a dos diputados de ARENA, porque sus largos nombres no caben en el espacio. No se han dado cuenta que el Congreso de Estados Unidos carece de esa modalidad, y que los nombres aparecen abreviados. En las redes sociales aparece la justificación del diputado de GANA Jesús Grande, cuyos argumentos palidecen ante sus espantosas faltas de ortografía.
Pero fue la Corte de Cuentas de la República, institución encargada de fiscalizar el buen uso del gasto público, la que superó todas las expectativas con sus extravagancias. Trajes de mariachis y sus respectivas limpiezas, así como árbitros y guardavidas; siluetas de tiro y municiones; lujosos bolígrafos, agendas y chumpas. Justifican que todo es de acuerdo a la ley, pues la institución apoya el desarrollo del talento humano, mediante la música y el deporte. Y la buena mesa, porque solo en febrero gastaron $43,000 en refrigerios, aunque el presupuesto para el año en ese rubro es de $51,500.
Y para completar, el Presidente de la CCR, Johel Valiente, asciende a su hijo, que era auditor en la institución, al cargo de técnico de la Presidencia, con considerable aumento de sueldo y oportunidad de viajar para realizar auditorías en el Consulado de Holanda y otros. Antes de su nombramiento, el magistrado presidente ganó la licitación para auditar la CCR, a través de su firma privada, hecho ampliamente cuestionado porque no llenaba los requisitos exigidos en las bases de licitación.
Estos descubrimientos de lujos y derroche innecesarios en diferentes instituciones del Estado, que adolece de falta de recursos, exige más y más préstamos, y amenaza con más impuestos, contrastan con el panorama desolador de fábricas cerrando, servicios de salud y educación calificados de pésimos, mientras los funcionarios justifican la evidente corrupción. La presencia inmediata de una CICIES no puede esperar más. La ciudadanía debe exigirlo masivamente, aunque todos los funcionarios del Gobierno la rechacen, porque no les conviene. Pero el pueblo, que es el soberano, tiene derecho a deducir responsabilidades, a que respondan de tanta corrupción y a juzgarlos por tales delitos.
*Columnista de El Diario de Hoy.