El sector agrícola en El Salvador continúa a la expectativa de la decisión que pueda tomarse en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde aún se debate el decreto 473, con el que se busca prohibir el uso de 53 agroquímicos en el país.
Pese a que ha habido voces que critican la iniciativa, estas no han sido tomadas en cuenta ni por los diputados del Fmln que lideran la propuesta, ni por los representantes de las carteras de Estado que tienen vínculos con el tema, según aseguran representantes del sector agrícola.
Recientemente, los titulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Salud, llegaron a la comisión del parlamento a solicitar que se superen las observaciones a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, que el Ejecutivo realizó en 2013.
Según lo argumentaron los representantes de las tres carteras de Estado a través de un comunicado de prensa, estos productos químicos afectan la salud durante su uso y aplicación.
“En un estudio presentado por el Ministerio de Salud sobre datos epidemiológicos de intoxicaciones agudas producidas por plaguicidas de 2011 a 2015, se señala que solo el año pasado el país registró 104 muertes por la manipulación de agrotóxicos”, apunta el comunicado de prensa, en respaldo a las declaraciones de los ministros.
Sin embargo, el director ejecutivo para Centroamérica y el Caribe de Croplife Latin America, Martín Zúñiga, señaló que no existen fundamentos científicos para prohibir los agroquímicos en el país.
“Dicen que son dañinos a la salud, pero eso no es verdad; los plaguicidas utilizados en la forma en que el fabricante dice que deben ser utilizados, son seguros, son inocuos y son eficientes para combatir plagas… si fuera así, no hubieran sido aprobados en Estados Unidos, en Europa o Japón, que son países donde hay procedimientos rigurosos para registrar estos productos”, argumentó Zúñiga.
El representante de la Organización internacional que representa a la industria de la ciencia de los cultivos (Croplife), aseguró que hasta la fecha ningún estudio científico ha podido comprobar que estos compuestos causen las enfermedades renales que algunos sectores señalan.
“Aquí se politizó un tema que es técnico y científico, se politizó en el sentido de que hay compromisos políticos con grupos que se han opuesto al uso de agroquímicos pero sin ningún fundamento, sino por una cuestión ideológica. Eso es grave porque se pierde la perspectiva de lo que queremos para la agricultura”, refirió el representante de Croplife Latin America.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa y diputado por el Fmln, Guillermo Mata, dijo en una entrevista de televisión que los principales argumentos por los que se deben prohibir estos productos es porque atentan contra la salud, atentan contra la seguridad humana, y no solo tienen alta tasa de mortalidad, sino de morbilidad.
Pero el mismo presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio, indicó que el problema que se da en la mayoría de casos es que los agricultores terminan con enfermedades renales por descuido propio, al realizar tareas en el campo expuestos al sol y sin tomar la suficiente cantidad de agua.
“Nosotros creemos que la causa principal de la insuficiencia renal no son los agroquímicos, sino que hay múltiples factores para producir insuficiencia”, agregó Treminio.
“Esto solo es parte de una leyenda urbana en El Salvador que se ha consolidado como verdad, pero que no tiene ningún fundamento, ninguna evidencia”, reiteró Zúñiga.
Con la aprobación del decreto 473, los representantes de la cartera de Estado y algunos diputados buscan prohibir la comercialización y uso de 53 plaguicidas en la agricultura, pese a que algunos ya cuentan con prohibición total desde el año 2000 y otros tienen cierto tipo de restricciones.
MAG: “no es prohibición sino sustitución”
Pese a que el decreto 473 refiere textualmente que se busca la prohibición de los agroquímicos, y además el comunicado de prensa que se encuentra en el sitio web del Ministerio de Agricultura habla de la intención de aprobar este decreto, el titular de Agricultura dijo recientemente que esto no es una prohibición sino una “sustitución”.
Al ser consultado por las alternativas que se le darían a los agricultores ante la prohibición de estos productos, el Ministro de Agricultura, Orestes Ortez, dijo que estos agroquímicos tienen varios sustitutos que pueden utilizar los agricultores, pero no mencionó cuáles podrían ser los más indicados.
“Hay una gran cantidad de alternativas porque sobre esto ha habido un cuento de camino real, que si no tiramos Gramoxone (herbicida ) no hay agricultura; eso es falso, el Gramoxone tiene cuatro sustitutos más de cuarto nivel de toxicidad, es decir de etiqueta verde… hay sustitutos, pero en este caso los comerciantes, no los productores, son los que no quieren hacer ese aporte en el país, no quieren hacer esa contribución de bajar los niveles de toxicidad y eso tiene que ver con márgenes de ganancia,”, dijo Ortez.
Sin embargo, hay agricultores que han asegurado que algunas marcas de herbicidas, insecticidas y fungicidas no tienen sustitución en los componentes que les han ayudado a mantener sus cosechas.
El director ejecutivo de la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (Abecafé), Marcelino Samayoa , señaló, por ejemplo, que no hay un sustituto al endosulfán y este es un insecticida que sirve para combatir la broca del café: “No hay ningún sustituto”, reiteró.
“Es que el proyecto es tan ridículo que hasta van a prohibir fertilizantes porque traen metales pesados, entonces nos vamos a convertir en un país de producción orgánica; es cierto que lo orgánico lo pagan un poquito mejor, pero es ridículo bajar de 50 quintales de maíz por manzana a cinco, o de cuatro quintales de café a uno… nosotros vamos a ir para atrás, eso no es lógico”, opinó Samayoa.
Agregó que este tema es un asunto delicado no solo para el sector agrícola local, sino para la productividad y la economía del país.
“Creemos que van a actuar inteligentemente y no políticamente; esto es un asunto muy delicado en el que la productividad del país se pone en peligro, y si se acaba la productividad del país viene hambre y viene mas migración ilegal y mas delincuencia. Entonces, debemos genera fuentes de empleo, no quitarlas”, añadió el director de Abecafé.
“Creemos que el Ministro está dando una mala señal al querer aprobar el decreto 473, porque tenemos cuatro años consecutivos de sequía, de afectación, y un quinto año con insuficiencia de agua. Si a esto le agregamos que el MARN ya dijo que va a ser copioso (el invierno), es decir que necesitamos agroquímicos para combatir plagas”, añadió Treminio, el presidente de Campo.
Contradicción entre discurso y realidad
Para el director ejecutivo de Croplife Latin America, lo que sucede en este momento en el país es que el discurso de las autoridades difiere de la realidad del campo.
El Gobierno ha reiterado durante los últimos dos años que buscan “reactivar el agro”, sin embargo, con decretos como este, el discurso contradice la realidad, apuntan algunos agricultores.
Los representantes del sector agrícola esperan que las autoridades recapaciten, ya que la prohibición les restaría competitividad frente a los demás países de la región y los dejaría sin herramientas para mantener sus cosechas.