NUEVA YORK. Génesis Amaya recuerda bien aquel día del año pasado, cuando ella, su hermano y sus primas fueron hostigados en un mercado por varios miembros de las “maras” que no reconocían a su hermano, quien vive en Estados Unidos y estaba de visita en El Salvador. Los pandilleros rodearon su casa en el departamento de Cabañas y se dispersaron solo cuando alguien llamó a la Policía.
Fue apenas uno de varios sustos: A la joven de 22 años la asaltaron tres veces a punta de pistola y en el 2014 mataron a su tío Alex en San Salvador por motivos que desconoce. “Me sentía insegura en todos lados”, explicó la joven. “No sé qué me hubiera pasado si me hubiera quedado allí”.
Pero logró irse e ingresar a Estados Unidos. Legalmente.
A diferencia de los miles de jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador que realizan un peligroso camino para cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, Amaya llegó cómodamente el 5 de abril en un avión y cuenta con un estatus de refugiada que le abre las puertas para solicitar la residencia permanente y sembrar un futuro.
Amaya es una de los primeros 368 jóvenes que ha llegado legalmente a este país a través de un nuevo programa de refugiados que busca contener la ola de menores centroamericanos que intenta ingresar ilegalmente a EE.UU., a menudo sin acompañantes.
La obtención del estatus de refugiada tomó un año, algo que políticos y activistas consideran demasiado tiempo, pero para algunas familias como la de Amaya ese año se pasó volando.
“Yo lo considero bastante rápido”, dijo Ana García, la madre de la joven. “Hablé durante años con abogados para ver las posibilidades de traer a Génesis aquí y ellos siempre me decían que tomaría años”.
El Programa para Menores Centroamericanos (Central American Minors Program) permite a algunos padres que residen legalmente en EE.UU., solicitar que sus hijos que viven en Centroamérica sean traídos al país como refugiados a pesar de que ellos no lo son. A diferencia de otras vías en que residentes legales pueden pedir a sus hijos, este programa es gratis y ofrece servicios sociales y asistencia financiera a los refugiados.
La iniciativa, ofrece por primera vez a personas con estatus de protección temporal (TPS) la posibilidad de traer a EE.UU., a un hijo suyo. La gran mayoría de padres que solicitan traer a sus hijos a través del programa tienen TPS, aseguran los expertos. Hay 204.000 salvadoreños y 57,000 hondureños que tienen ese estatus. No hay TPS para los guatemaltecos.
Tras un largo y enrevesado proceso, los primeros jóvenes empezaron a llegar en noviembre. Portavoces del Departamento de Estado dijeron a la agencia AP, que California, Georgia y Texas son los estados que acogen a un mayor número de estos adolescentes y que de momento se han procesado de forma preliminar más de 5,000 de las aproximadamente 8,880 solicitudes recibidas.
Felicidad de una madre
García, la madre de Amaya, llevaba años intentando traer a su hija a EE.UU., donde viven sus otros dos hijos. El mayor “al que trajo con un visado de turista que expiró”, se casó con una estadounidense y así pudo obtener la ciudadanía. A través de él, García logró la residencia permanente.
“Es la mayor bendición. Todavía no lo creo”, comenta la salvadoreña de 49 años cuando ve a su hija con ella, en el apartamento que comparten en Valley Stream, Nueva York.
Activistas dicen que Estados Unidos tiene que agilizar el proceso y que no se puede permitir que los menores sigan expuestos a tantos peligros por mucho tiempo.
“Nuestros jóvenes solicitantes han sido violados, secuestrados e incluso asesinados mientras esperan a que su solicitud sea procesada”, dijo Joanne Kelsey, del Lutheran Immigration and Refugee Service, una de las nueve agencias en este país que trabaja con el gobierno para procesar las solicitudes.
Kelsey dijo que sabe de dos casos específicos en que jóvenes solicitantes fueron asesinados, pero asegura que hay “docenas” de casos en que los jóvenes abandonan el proceso e inician el camino hacia la frontera “debido a la situación de peligro que enfrentan”. Kelly Agnew-Barajas, directora de reubicación de refugiados de la organización Catholic Charities, dice que sabe de un caso en que el joven solicitante recibió varios tiros en el pecho y de otro en que un hermano y hermana solicitantes fueron apaleados por pandilleros.
El hondureño Luis Felipe Araque llegó en mayo a Brooklyn para vivir con su madre Laura, quien lleva 20 años en EE.UU., y cuenta con un estatus de protección temporal.
Araque acaba de empezar a trabajar en un restaurante de comida rápida y hace una vida muy distinta a la que llevaba en Puerto Cortés, al norte de Honduras, donde pandilleros dispararon contra el autobús en el que viajaba de la universidad a su casa y donde fue asaltado a punta de pistola.
“Mi madre me dijo que (Araque) temblaba y que llegó blanco a casa”, dijo Laura. “Le pidió al ladrón que se llevara el dinero y el celular pero que por favor no le quitara sus papeles de identidad, que son tan difíciles de conseguir. Al menos en eso el ladrón le hizo caso”.